Avanzada de la policía contra narcotráfico en Brasil deja 60 muertos y 80 detenidos en solo horas

La situación es bastante grave porque el gobierno central no requiere ayuda del ejército, lo que se toma incluso como que se abandonó a la ciudad.

Río de Janeiro, la icónica ciudad de playas doradas y contrastes brutales, está este martes 28 de octubre convertida en un campo de batalla. Una megaoperación policial, bautizada como ‘Operação Contenção’, desató el caos en los complejos de favelas do Alemão y da Penha, en la Zona Norte, donde miles de residentes viven atrapados entre el fuego cruzado de agentes y narcotraficantes. 

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Con al menos 64 muertos —incluidos cuatro policías— y 81 detenidos, esta redada se erige como la más letal en la historia de la ciudad, superando incluso la masacre de Jacarezinho en 2021, que dejó 28 víctimas. Las calles, bloqueadas por barricadas de autobuses incendiados y escombros, evocan escenas de guerra urbana: tiroteos incesantes, drones lanzando granadas sobre patrullas y un saldo de heridos que aún se cuenta en cientos.

La ofensiva, lanzada a las 5 de la mañana con 2.500 agentes, tanques y helicópteros, apunta directamente al Comando Vermelho (CV), la facción criminal más poderosa de Brasil, responsable del control territorial de gran parte de las favelas.

Fundado en las prisiones de los años 70 como un movimiento de resistencia contra la dictadura, el CV evolucionó hacia un imperio del narcotráfico, extorsión y tráfico de armas, financiando incluso eventos comunitarios para legitimar su dominio. En represalia, sus miembros secuestraron más de 50 autobuses para obstruir accesos clave, como la Línea Amarilla, paralizando el transporte público y dejando a 200.000 habitantes sin clases, servicios médicos ni electricidad en zonas clave. 

Videos virales en redes sociales muestran vehículos en llamas y agentes escoltando a sospechosos encadenados, mientras el gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal bolsonarista, califica la acción como una “guerra contra el crimen organizado”.

Estas son algunas escenas de Brasil:

¿Por qué tantas muertes y detenciones? La raíz radica en la escalada de poder del CV, que ha convertido a Río en su bastión central. luego de persecuciones en estados fronterizos como Rondonia. Líderes huidos de otros rincones del país se refugian en estas favelas, coordinando operaciones vía videollamadas y armados con fusiles de uso militar —42 incautados en la redada, junto a toneladas de droga—.

La operación buscaba cumplir 100 mandatos de prisión contra gerentes de “bocas de fumo” (puntos de venta) y vigías, desmantelando la jerarquía del grupo. 

Sin embargo, la resistencia armada fue feroz: enfrentamientos cuerpo a cuerpo y ataques aéreos con drones improvisados elevaron la letalidad. Organizaciones como Human Rights Watch alertan sobre incentivos estatales que premian disparos sobre arrestos, en un contexto donde 2024 registró 700 muertes en intervenciones policiales —casi dos diarias—.

La Corte Suprema había restringido redadas en favelas desde 2020, pero esas medidas se levantaron este año, abriendo la puerta a operativos masivos.

El impacto trasciende las cifras: universidades federales suspendieron clases, el aeropuerto operó con demoras y residentes, como la activista Iria da Conceição, reviven traumas de hace 14 años, describiendo un “día de puro terror”.

El gobernador Castro criticó al gobierno federal de Lula da Silva por negar tres veces apoyo militar, acusándolo de “abandonar” a Río, mientras el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, aclaró que no hubo solicitud formal. En la Câmara dos Deputados, el PSOL impulsa una comisión externa para fiscalizar abusos y violaciones de derechos humanos, exigiendo investigaciones independientes.

Mientras tanto, el CV impone el terror para reafirmar su control, recordando que en Río, la línea entre supervivencia y violencia es tan delgada como un cable de favela.

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Esta crisis expone las grietas de una ciudad desigual: el 90 % de las favelas bajo dominio criminal, donde el Estado compite con el “poder paralelo”. Expertos como el fiscal Anderson Batista de Oliveira advierten que capturar capos no basta; urge reconstruir tejidos sociales abandonados.