Colombia es segundo país más letal para ambientalistas, aunque asesinatos se redujeron

La cifra de estos activistas asesinados en todo el mundo alcanzó 200 el año pasado frente a un récord de 227 en 2020, con ataques ocurridos en el contexto “de una gama más amplia de amenazas” contra los ambientalistas, que son atacados por gobiernos, empresas y otros actores no estatales, según el informe anual de la oenegé Global Witness.

“Más de tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en América Latina”, subrayó Global Witness en el documento.

México fue el país con el número más alto de asesinatos, con defensores ambientales ultimados cada mes, sumando 54 muertes el año pasado, 30 más que en 2020, indica el estudio. “Más del 40% de los asesinados eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad yaqui”, asentada en el norte del país, detalló el reporte.

Colombia y Brasil, en tanto, ocuparon el segundo y tercer lugar en número de ambientalistas muertos el año pasado.

Colombia, que en 2020 sumó 65 asesinatos convirtiéndose en el país más letal del mundo para los ambientalistas, registró un importante descenso de agresiones, con 33 el año pasado.

En contraste, Brasil sumó 26 asesinatos en 2021, seis más que en 2020.

Ambos países sudamericanos junto con México contabilizan más de la mitad de los ataques perpetrados contra ambientalistas el año pasado, señaló la oenegé.

De aquellos crímenes que pudieron relacionarse con un sector específico, la organización sostiene que más de la cuarta parte resultaron vinculados con explotación de recursos (forestales, mineros o agronegocios), además de hidroeléctricas y otras obras de infraestructura.

No obstante, esta cifra podría resultar mayor pues las razones de los ataques contra ambientalistas a menudo no son adecuadamente investigadas ni reportadas.

La oenegé recomendó “acciones urgentes” a gobiernos y empresas para frenar la violencia y criminalización de activistas, como implementar leyes que los protejan y amplíen sus derechos, y políticas corporativas que “identifiquen, prevengan y mitiguen” cualquier daño contra estos actores y los espacios que defienden.