En Colombia, un número creciente de personas opta por vivir en arriendo, lo que ha convertido esta modalidad en una alternativa habitacional relevante para una parte significativa de la población. Esta tendencia ha abierto la necesidad de establecer prácticas claras y equitativas entre arrendadores y arrendatarios, especialmente en lo relacionado con los derechos y deberes estipulados en los contratos de arrendamiento.

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Antes de tomar un inmueble en arriendo, es esencial que ambas partes comprendan a cabalidad las condiciones contractuales, con el fin de evitar conflictos y garantizar un marco de convivencia basado en el respeto y la legalidad. No obstante, aún persisten prácticas que vulneran los derechos de los arrendatarios, afectando no solo su bienestar, sino también su estabilidad económica.

¿Se puede cobrar depósito en arriendos en Colombia?

Una de las prácticas más comunes en el mercado inmobiliario colombiano es la exigencia de depósitos por parte de los arrendadores. Esta exigencia, que generalmente se justifica como una garantía para cubrir posibles daños al inmueble, ha sido motivo de controversia, ya que no se encuentra respaldada por la normativa vigente.

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 820 de 2003, se prohíbe expresamente la solicitud de sumas de dinero que no estén contempladas legalmente como condición para la celebración de un contrato de arrendamiento. Esto incluye cualquier tipo de depósito previo, que algunos propietarios continúan exigiendo como requisito para permitir la ocupación del bien.

Esta disposición legal tiene como propósito equilibrar la relación entre las partes, evitando abusos que han afectado históricamente a los inquilinos. Sin embargo, a pesar de su claridad, en la práctica aún se observan contratos que incluyen cláusulas contrarias a la ley, imponiendo obligaciones que no corresponden al arrendatario.

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¿Qué pasa si me cobran el depósito en un arriendo?

Tales disposiciones ilegales no solo representan un perjuicio económico, sino que también generan un ambiente de desconfianza y pueden derivar en procesos legales innecesarios.

Ante este panorama, resulta fundamental que los ciudadanos se informen adecuadamente antes de firmar cualquier contrato de arrendamiento. Es recomendable leer detenidamente cada una de las cláusulas, solicitar aclaraciones cuando existan dudas y, en caso necesario, acudir a entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio o buscar asesoría jurídica especializada.

Estas acciones permiten prevenir situaciones que podrían comprometer los derechos del arrendatario y garantizar una relación contractual ajustada a la ley.

Además, es prioritario fortalecer los mecanismos de supervisión institucional y promover una cultura de legalidad dentro del sector inmobiliario.