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La propuesta de reforma entregada por el Gobierno señala que desde 2025 se implementaría un modelo para saldar deudas en servicios públicos de esos estratos.
El Gobierno Nacional entregó formalmente un borrador de reforma tributaria que deberá ser analizado por el Congreso para su aprobación o rechazo.
Aunque hay apartados que representan un riesgo para muchas personas en el país, hay otros que se enfocan en problemas puntuales que afectan bastante.
(Vea también: Endeudados en Colombia tendrían alternativa para dejar de estarlo; muchos ni la conocen).
Uno de los parágrafos que apunta a solucionar problemas es el que trata las deudas con las empresas de servicios públicos. Por eso, un apartado del borrador de reforma ataca directamente ese problema.
“Se habilitaría a la Nación para reconocer como deuda pública los montos adeudados por usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica de estratos 1, 2 y 3 a favor de empresas distribuidoras y/o comercializadoras de energía eléctrica. Esta deuda podrá ser pagada con bonos u otros títulos de deuda pública“, señala el borrador citado por la firma Brigard Urrutia.
Así las cosas, las personas de estratos 1, 2 y 3 en el país tendrían un cambio inesperado para bien al evitarse el pago de esas deudas que serían adoptadas por el Estado.
Eso sí, resta esperar si el apartado es aprobado y ver cómo se adelantaría el plan de pagos de las deudas ante las empresas de servicios públicos.
En Colombia, los estratos 1, 2 y 3 representan a la población de bajos y medios ingresos, quienes enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas, entre ellas los servicios públicos como agua, luz y gas.
La intervención del Gobierno para ayudar con los pagos de estas deudas tiene un impacto significativo tanto en el bienestar individual como en la estabilidad económica general.
Al brindar apoyo en el pago de servicios públicos, el Gobierno contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Los estratos bajos suelen destinar una proporción significativa de sus ingresos a estos servicios, lo que limita su capacidad para cubrir otros gastos esenciales, como alimentos o educación.
La reducción o eliminación de deudas de servicios públicos libera parte de estos recursos, mejorando la capacidad de los hogares para satisfacer otras necesidades prioritarias.
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