Petro sacude la política comercial: Colombia busca acabar TLC con Israel y exige pacto verde con EE.UU.

La reciente declaración del presidente Gustavo Petro acerca de la intención de Colombia de poner fin al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel y modificar el vigente con Estados Unidos representa un cambio profundo en la estrategia comercial del país. Según informó el mandatario durante el Consejo de Ministros, este viraje responde a razones ambientales más que a sanciones diplomáticas, estableciendo un nuevo marco de acción centrado en la sostenibilidad y en el respeto a los límites planetarios, por encima de una economía basada en la explotación masiva y el crecimiento ilimitado de capital, como indica el reporte original.

El TLC con Israel, implementado en 2020, buscaba consolidar los lazos bilaterales y facilitar el acceso a mercados estratégicos. Sin embargo, la decisión de suspenderlo constituye una ruptura sin precedentes en la política comercial colombiana, ya que los tratados de libre comercio suelen poseer mecanismos que dificultan su modificación unilateral y requieren consenso entre las partes, como subraya el informe original. Respecto al TLC con Estados Unidos, vigente desde hace doce años, Petro criticó abiertamente el énfasis en las exportaciones de recursos extractivos como petróleo y carbón, industrias cuestionadas por su alta huella de carbono y su impacto ambiental negativo, según la información recopilada.

El presidente plantea que el acuerdo con Estados Unidos debe reorientarse hacia un comercio diversificado y sostenible, rescatar otras ventajas productivas y reducir la dependencia de actividades contaminantes. Estas intenciones se alinean con tendencias globales que buscan introducir aranceles diferenciales para bienes y servicios con alto contenido de dióxido de carbono (CO2), incentivando la descarbonización de la economía. En este sentido, datos citados en el artículo indican que el objetivo de una política comercial sustentable responde al desafío de incorporar criterios ambientales en los intercambios internacionales tal como propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Pese a las justificaciones ambientales expuestas por el Gobierno, expertos como Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), advierten sobre los retos legales e institucionales para denunciar unilateralmente estos tratados, cuyo desmontaje requiere aprobación parlamentaria en Colombia y negociaciones con los países firmantes, según puntualizan las fuentes consultadas. Además, estudios del Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) señalan que una ruptura abrupta de los tratados puede afectar la imagen internacional de Colombia, limitar la recepción de inversión extranjera y poner en riesgo la estabilidad económica nacional.

La postura de Petro, por tanto, se inserta en un debate creciente sobre el papel de los acuerdos comerciales en la protección ambiental y la equidad económica. Instituciones internacionales como la CEPAL insisten en que América Latina debe avanzar hacia tratados que integren cláusulas verdes, protejan la biodiversidad y estimulen tecnologías limpias, ámbitos aún poco desarrollados en los acuerdos actuales y que el Gobierno colombiano pretende priorizar. Al mismo tiempo, la decisión podría tener impactos geopolíticos, dado el papel de Israel como socio estratégico de Estados Unidos y la influencia que estos movimientos ejercen sobre el posicionamiento internacional del país.

Finalmente, la apuesta presidencial por diversificar el aparato productivo se presenta como un dilema crucial para el futuro de Colombia, que necesita acompasar los cambios normativos con inversiones en innovación, políticas públicas consistentes y diálogo multisectorial, conforme lo sugieren reportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¿Qué consecuencias económicas podría tener para Colombia la terminación del TLC con Israel? La inquietud sobre el impacto económico proviene del hecho de que los tratados comerciales buscan crear certidumbre para los inversionistas y las empresas. Cerrar un acuerdo de esta naturaleza podría desalentar la inversión extranjera, disminuir el acceso a mercados preferenciales y alterar flujos de exportación. Según estudios citados por el Banco Mundial y la OMC en el informe original, la estabilidad jurídica y normativa es clave para asegurar el crecimiento económico sostenido. Además, el cese de un acuerdo sin consensos previos suele aumentar la percepción de riesgo país, dificultando el financiamiento externo y la atracción de nuevas inversiones productivas. Esta situación llevaría a una revisión de los modelos productivos y podría obligar al país a buscar nuevos socios comerciales bajo condiciones diferentes a las logradas anteriormente.

¿Qué significa concretamente un “acuerdo comercial verde”? El término hace referencia a tratados internacionales que, además de regular el libre intercambio de bienes y servicios, incorporan compromisos vinculantes en materia ambiental. Según la CEPAL, esto supone incluir cláusulas que promuevan la disminución de emisiones contaminantes, la protección de la biodiversidad y el desarrollo de energías limpias entre los países firmantes. Estos acuerdos pretenden ir más allá de los estándares tradicionales para asegurar que el crecimiento económico no comprometa el entorno natural ni los derechos de las futuras generaciones. Los “acuerdos verdes” pueden implicar, por ejemplo, aranceles diferenciales según la huella de carbono y la obligación de respetar estándares de producción más exigentes ambientalmente.