Deuda millonaria pone en jaque al Hospital San Juan de Dios: ¿se acerca el colapso de la salud en Quindío?

La crisis financiera que sacude al Hospital San Juan de Dios en Quindío constituye un claro síntoma de los profundos desafíos que enfrenta el sistema de salud en Colombia. De acuerdo con Diana Carolina Castaño, gerente de la institución, el hospital acumula una cartera vencida que asciende a 170 mil millones de pesos, de los cuales más de 40 mil millones corresponden a deudas de la Nueva EPS, la principal aseguradora implicada en el proceso. Una parte significativa de este saldo, alrededor de 19 mil millones de pesos, se contrajo antes de la intervención de la aseguradora en abril de 2024; el resto, bajo la gestión de la administración interventora vigente, según datos del artículo original.

El flujo irregular de pagos e incluso la ausencia total de desembolsos durante varios meses han puesto en jaque la continuidad de los servicios médicos en el hospital, comprometiendo su capacidad para mantener insumos básicos, medicamentos y el pago a su planta de trabajadores. Esta situación ha generado, a su vez, una sobreocupación del hospital, alimentada por pacientes que acuden al San Juan de Dios como centro de referencia luego de no recibir la atención adecuada en las etapas previas del sistema. El resultado es un entorno saturado que afecta la calidad y oportunidad de la atención, conforme explican las fuentes citadas en el artículo original.

Por otro lado, el cierre temporal de clínicas como la Sagrada Familia y San Rafael ha incrementado la carga asistencial que debe asumir la Red Salud de Armenia. José Antonio Correa, gerente de la Red Salud, advierte que sus centros primarios, que normalmente no están preparados para pacientes de mayor complejidad, han debido absorber casos derivados de hospitales de niveles superiores sin contar con recursos técnicos o financieros adicionales. Este fenómeno agrava tanto la presión sobre el personal como la acumulación de deudas en la red pública de salud de Armenia, con posibles efectos sobre los niveles de atención básica y especializada.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la demora en los pagos por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) ha alcanzado cifras críticas a escala nacional en 2024, exacerbando problemas en hospitales públicos y privados. A tales dificultades se suma la preocupación expresada por la Superintendencia Nacional de Salud respecto a la insuficiencia de reservas técnicas en las EPS, lo cual limita su habilidad para cancelar obligaciones y perpetúa el riesgo de desabastecimiento y colapso en los hospitales.

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, señaló que, pese a haberse realizado múltiples mesas técnicas y a la declaración de alerta roja hospitalaria, los flujos de recursos no han mejorado de manera sustancial. La alerta roja hospitalaria implica una situación de emergencia en la que las instituciones de salud no pueden garantizar sus servicios debido a carencias financieras o técnicas, una coyuntura que, según Revista Semana y El Espectador, también se ha presentado recientemente en regiones como La Guajira y Cauca. Ello confirma el carácter estructural del problema en el país.

En respuesta, la Superintendencia Nacional de Salud ha anunciado una próxima reunión en Bogotá, convocando a todos los actores implicados con el fin de alcanzar acuerdos que permitan solucionar la crisis. No obstante, el panorama descrito en informes del propio Ministerio de Salud sugiere que, más allá de las reuniones, se requieren reformas sustanciales que garanticen tanto la sostenibilidad operativa de hospitales como el pago efectivo de las deudas por parte de las EPS. En conjunto, estas medidas resultan indispensables para asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho fundamental a la salud sin interrupciones ni precarizaciones.

¿Qué significa que un hospital esté en “alerta roja hospitalaria”?
Esta pregunta es relevante para comprender el alcance legal y operativo del término, ya que indica que un hospital enfrenta una situación límite por falta de recursos, capacidad instalada o personal. Según comunicados de autoridades sanitarias, la alerta roja se declara únicamente en contextos críticos donde la institución no puede asegurar una prestación adecuada del servicio, obligando a priorizar la atención de emergencias y limitar o posponer procedimientos no urgentes. En este estado, se requiere la intervención de organismos estatales para gestionar recursos adicionales o adoptar medidas de contingencia.

¿Por qué las EPS no cumplen con el pago oportuno a los hospitales?
Esta interrogante resulta central, ya que el incumplimiento en los pagos es uno de los detonantes clave de la crisis hospitalaria. De acuerdo con informes recientes del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS atraviesan problemas financieros que incluyen insuficiencia de reservas técnicas, mala gestión administrativa y un acumulado de deudas históricas. Estas dificultades debilitan su capacidad para transferir los recursos a hospitales y prestadores, afectando directamente la sostenibilidad del sistema y la garantía de servicios para los usuarios.