Colchones Paraiso, en serios problemas por poner a sufrir a clientes; SIC metió mano

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor ha formulado un pliego de cargos contra las sociedades Casa y Confort S.A.S. (Colchones Paraiso), Muebles y Accesorios S.A.S. (en liquidación judicial) y Manuel Brosntein Tisminezky, por presuntas irregularidades en la venta y comercialización de muebles y colchones.

Según la entidad, las empresas habrían incurrido en conductas que vulneran los derechos de los consumidores, relacionadas con el incumplimiento en la entrega de productos, deficiencias en la calidad de los bienes y falta de claridad en la información suministrada.

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Colchones Paraiso: principales irregularidades investigadas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) detalló que la investigación se centra en tres aspectos clave:

• Incumplimiento en la entrega de bienes: Las compañías habrían fallado en su obligación de entregar los productos adquiridos en los tiempos pactados, afectando las expectativas de los consumidores.
• Deficiencias en la calidad de los productos: Se investiga la posible comercialización de bienes con fallas en sus características inherentes, lo que podría comprometer su idoneidad y funcionalidad.
• Falta de claridad en la información suministrada: Las empresas habrían proporcionado información ambigua, imprecisa y poco veraz sobre los tiempos de entrega de los productos, lo que habría generado confusión entre los consumidores.

Investigación contra Manuel Brosntein Tisminezky

Además de las sanciones contra las sociedades, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor abrió un proceso administrativo contra Manuel Brosntein Tisminezky, en su calidad de persona natural y matriz del grupo empresarial al que pertenecen las compañías investigadas.

Según la SIC, Brosntein Tisminezky no habría cumplido con la orden impartida en la Resolución No. 9664 del 12 de marzo de 2024, la cual le exigía la implementación de un plan de entrega de productos o devolución de dinero a los consumidores afectados por los retrasos.

Posibles sanciones y compromisos de la SIC

Si se comprueba la vulneración de los derechos de los consumidores, los investigados podrían enfrentar sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), conforme al artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

La SIC reiteró su compromiso con la protección de los consumidores y la promoción de un mercado equilibrado y seguro. Asimismo, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en la adquisición de bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los estándares de consumo dignos en el país.