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Arrendar un inmueble conlleva trámites cruciales como un contrato escrito. En caso de que no exista este, el propietario puede pasar malos momentos.
Los contratos de arriendo configuran un documento legal vinculante que pone ciertas condiciones tanto para los arrendatarios como para los arrendadores en nuestro país.
El no tener un contrato escrito puede desencadenar grandes problemas para los propietarios, ya que no tienen de dónde agarrarse al momento de pedir el inmueble de vuelta.
(Vea también: Qué arriendo es más barato entre Bogotá y Medellín: hay cifras reveladoras en estrato 4).
La dificultad para establecer los términos acordados y el lío que se puede dar al pedir de vuelta la vivienda son los problemas más delicados en esos escenarios, dijo la inmobiliaria Oikos en diálogo con Caracol Radio.
Por eso, los expertos insisten en tener un contrato o de lo contrario ir a un centro de conciliación cuando se den problemas entre las dos partes (arrendador y arrendatario).
“En estos lugares se ofrece un servicio de conciliación extrajudicial en derecho. El objetivo es prestar asistencia jurídica a la comunidad“, apuntó esa cadena radial.
Los contratos también contemplan las obligaciones del propietario, así que el contrato físico es lo mejor para todos los involucrados en este tipo de negocio tan importante.
Los contratos de arriendo son fundamentales tanto para arrendadores como para arrendatarios porque establecen las bases legales y las expectativas de ambas partes. Para los arrendadores, estos contratos proporcionan una seguridad jurídica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, como el pago puntual del alquiler y el mantenimiento adecuado del inmueble.
Además, el contrato permite al arrendador definir claramente las reglas de uso de la propiedad, lo que ayuda a evitar malentendidos y disputas.
Para los arrendatarios, un contrato de arriendo ofrece protección y estabilidad al asegurarles el derecho a ocupar la propiedad durante un período de tiempo específico, siempre que cumplan con los términos acordados. Esto evita desalojos arbitrarios y proporciona un marco legal para resolver disputas. El contrato también detalla las responsabilidades del arrendador, como el mantenimiento de la propiedad y la realización de reparaciones necesarias, lo que asegura que el arrendatario viva en condiciones adecuadas.
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