Clientes de Afinia deben pagar gran suma en sus facturas por culpa de amigos de lo ajeno
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Visitar sitioLos costos de la energía que algunos se roban, es decir, pérdidas no técnicas, los están pagando los usuarios de cada una de las empresas.
En una extensa columna, el gerente general de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, volvió a hablar sobre la tarifa de energía y por qué surgió el dicho de “justos por pecadores”, es decir, todos pagan por aquellos que cometen fraudes. Recientemente, un hombre murió electrocutado cuando podaba árboles en Cali; quedó colgando de un poste.
La tarifa de energía de Afinia tiene seis componentes, uno de ellos son las ‘pérdidas’, que se refiere a la diferencia que existe entre la energía que compran a los generadores o comercializadores y la que se factura a los usuarios. Esta diferencia en las empresas del Caribe, según el gerente, ronda en un alto 26 %.
(Vea también: ¿Para qué sirven los nuevos medidores que está instalando Afinia en Valledupar?)
Las pérdidas de energía se dividen en técnicas y no técnicas. Las primeras se generan en el sistema eléctrico de un distribuidor como Afinia. Las segundas, y las más polémicas, surgen principalmente de las irregularidades o robos de energía. Del ciento por ciento de las pérdidas en el Caribe, las no técnicas (fraudes) representan alrededor del 60 %.
En el Plan Nacional de Desarrollo de 2019 se estableció un régimen especial y transitorio para las empresas que decidieran operar en la región. Por eso, los costos de la energía que algunos se roban, es decir, pérdidas no técnicas, los están pagando los usuarios de cada una de las empresas.
(Lea también: Ladrones se metieron a robar en famosa hamburguesería de Bogotá; los capturaron)
El gerente Javier Lastra detalla un ejemplo: en Afinia, con el nuevo marco regulatorio, un usuario de estrato cuatro, con un consumo promedio de 350 kilovatios hora, paga $ 60.000 adicionales en su factura por los fraudes que cometen otros.
“Metodología que ha sido objeto para acuñar la frase justos por pecadores. Teóricamente, si los usuarios que incurren en irregularidades se pusieran de acuerdo y renunciarán a estas prácticas ilegales, la tarifa reduciría de manera significativa; pero, a juzgar por los antecedentes, es poco probable. Sin embargo, hay que insistir con más pedagogía”, agregó el gerente.
En este sentido, la solución podría estar orientada a “exigir a las empresas que inviertan en el robustecimiento de la red y modernos sistemas de medición, pero plantear que la fuente de financiación provenga, no sólo de los usuarios”.
El gerente también propuso la creación de un fondo por parte del Gobierno Nacional que asuma el costo de las pérdidas no técnicas en el Caribe, “con el compromiso que las empresas realicen las inversiones y los usuarios accedan a la normalización de las redes de distribución, como un acuerdo para conservar la subvención”.
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