Bogotá refuerza el control ambiental: 2.430 procesos, multas millonarias y nueva Ley Antiruido en acción

En 2025, la vigilancia ambiental asumió un rol prioritario en la administración distrital, evidenciando el creciente desafío que representan la protección de los recursos naturales, el control de la contaminación y la convivencia urbana con el entorno. Las estadísticas oficiales presentadas por la Secretaría de Ambiente resaltan la magnitud de esta tarea: durante el año se abrieron 2.430 procesos administrativos relacionados con faltas ambientales, y 304 de estos concluyeron con sanciones económicas por un total de 1.569 millones de pesos colombianos (COP). Este riguroso ejercicio sancionatorio refleja tanto la complejidad de los problemas ambientales urbanos como el esfuerzo institucional por responder a ellos.

Estos procesos han abordado principalmente infracciones como vertimientos irregulares, la mala disposición de residuos, la contaminación visual resultante de la publicidad exterior, episodios de ruido que afectan la calidad de vida y la vulneración de áreas protegidas así como de la fauna y la flora silvestre. Aunque las acciones de control han sido intensificadas, persiste la dificultad para contrarrestar prácticas que por décadas han menoscabado el ambiente en la ciudad, mostrando la necesidad de un enfoque que combine sanción y prevención estructural.

Un elemento clave en el balance de la Secretaría de Ambiente está en la distribución territorial de los casos. De acuerdo con los datos recogidos por la entidad, seis localidades —Kennedy, Fontibón, Suba, Usme, Puente Aranda y Barrios Unidos— concentraron 1.371 procesos, lo que representa el 56,5% del total de investigaciones iniciadas durante el año. Este dato revela persistentes asimetrías en el control y la cultura ambiental entre diferentes sectores urbanos, subrayando la importancia de fortalecer la capacidad institucional y la participación ciudadana a nivel local.

En complemento a las sanciones económicas, la autoridad ambiental dictó 32 medidas preventivas que incluyeron decomisos y suspensiones de actividades, mayoritariamente dirigidas a establecimientos de comercio y obras cuya operación violaba normas ambientales. Las causas más frecuentes de intervención fueron la gestión incorrecta de residuos de construcción y demolición, el inicio de obras sin registro, la falta de sistemas de mitigación de ruido y la tenencia o tráfico ilícito de especies silvestres.

Frente a este panorama, Adriana Soto, secretaria de Ambiente, defendió el alcance de las acciones institucionales. Según sus declaraciones citadas por El Espectador, la protección del agua, los suelos y la biodiversidad resulta fundamental para robustecer la resiliencia climática de Bogotá, por lo cual la entidad ha redoblado su rigor en la aplicación de la normativa.

Especial mención merece el control sobre la contaminación acústica, que cobró fuerza desde la entrada en vigencia de la Ley Antiruido en marzo de 2025. A partir de esta regulación, la autoridad ambiental estableció nuevas exigencias para establecimientos y eventos, incorporando, además de las mediciones habituales, la verificación de sistemas efectivos para el control del ruido. Requisitos como la orientación interna de amplificadores y la instalación de barreras para evitar la propagación sonora se han convertido en condición para la operación. El incumplimiento llevó a la suspensión inmediata de actividades en ocho comercios, de los cuales solo cinco pudieron reanudar tras acatar los correctivos estipulados.

Pese al endurecimiento de los controles, las cifras reflejan que subsisten hábitos arraigados, como el vertido de residuos en cuerpos de agua y el irrespeto por ecosistemas estratégicos. Para la Secretaría de Ambiente, el futuro del control ambiental no radica exclusivamente en aumentar las sanciones, sino en propiciar una transformación efectiva de la cultura y las prácticas ciudadanas. Por ello, el reto mayor para 2026 será conseguir que el cumplimiento de las reglas ambientales deje de ser una excepción en la capital.

¿Qué implica la Ley Antiruido y por qué es relevante para el control ambiental en Bogotá?

La aprobación e implementación de la Ley Antiruido en 2025 marcó un hito en la regulación de la contaminación sonora en Bogotá. Esta legislación estableció criterios de control más estrictos para los niveles permitidos de ruido, así como obligaciones técnicas para los establecimientos y organizadores de eventos que hacen uso de sistemas sonoros de alta potencia. Según la Secretaría de Ambiente, el cumplimiento de esta ley ha sido clave para responder a la creciente preocupación ciudadana por los efectos del ruido sobre la salud y el bienestar.

La relevancia de la Ley Antiruido se fundamenta en su capacidad para proporcionar a las autoridades herramientas más eficaces de verificación y sanción, así como en la instauración de mecanismos preventivos, por ejemplo, la exigencia de barreras físicas que eviten la dispersión del sonido. Su implementación busca no solo reducir molestias cotidianas, sino también salvaguardar la calidad de vida y la convivencia en comunidades urbanas densamente pobladas.