El plazo que le dio la Corte al alcalde de la ciudad para adelantar “todos los trámites pertinentes para llevar a cabo la consulta popular autorizada por el cabildo de la ciudad” es de 48 horas.
La Corte declaró así en firme la sentencia de agosto de 2015 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que consideró constitucional la convocatoria de la consulta, luego de revisar un amparo que consideraba al Congreso como el único facultado para prohibir estas prácticas.
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Si bien el Parlamento tiene la facultad exclusiva de “prohibir de manera general las corridas de toros”, “todas las escalas de la Administración” pública deben abogar por la “eliminación” de las prácticas más violentas contra los animales, dice la Corte en el fallo.
Según la sentencia difundida este lunes, aunque el electorado vote mayoritariamente a favor de la realización de corridas de toros, la Alcaldía no queda relevada “del deber de desincentivar este tipo de prácticas en la ciudad”.
En 2012, el exalcalde Gustavo Petro ordenó la cancelación del contrato de la Corporación Taurina de Bogotá para administrar la plaza de La Santamaría, principal del país, impidiendo la organización de corridas.
Posteriormente, convocó para el 25 de octubre de 2015 una consulta popular para que los bogotanos se pronunciaran a favor o en contra de esta actividad. Petro hizo el llamado luego de recibir la aprobación del Concejo y tras una sentencia de un tribunal del centro del país en el mismo sentido.
Pero en septiembre de 2015, el Consejo de Estado revocó el fallo favorable a la consulta por considerar que la decisión de permitir o no las corridas era competencia exclusiva del Congreso. La votación finalmente no se llevó a cabo.
Las corridas de toros, que se organizan en varias ciudades de Colombia, estuvieron suspendidas por más de cuatro años en Bogotá, pero se reiniciaron en enero pasado dando cumplimiento a otra orden de la Corte Constitucional, que en 2014 y 2015 ya había ordenado la reapertura del escenario.
En febrero pasado, el alto tribunal le dio dos años al Congreso para legislar sobre la tauromaquia en el país y advirtió que si en ese tiempo no expide ninguna normativa, pasarán a ser penadas.
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