Según el Ministerio Público, el principal problema es la cancelación de un Convenio de Cooperación de Ciencia y Tecnología suscrito con la Fundación George Dahl por $14.000 millones de pesos.
Kalil Petro Sakr, representante de la fundación, denunció ante la Procuraduría que aunque el convenio de ‘Investigación en Recursos Hidrobiológicos del Caribe Colombiano’ avanzaba en un 48,9%, para abril de 2016, y se tenía previsto cumpirlo antes de la fecha señalada, “la administración de Besaile Fayad declaró el incumplimiento y lo multó con más de $2.800 millones de pesos, sin atender ninguna de las pruebas que desmentían los señalamientos de la gobernación”, señaló la Procuraduría.
Los otros funcionarios vinculados con estas irregularidades son Manuel José Benjumea Simancas, director de Planeación Administrativo de la Gobernación de Córdoba y/o director Departamental de Regalías de Córdoba; Sandra Milena Ruíz Pérez, asesora del despacho del Gobernador de Córdoba, y a Jairo Rafael Cruz Lozano, director de Contratación del Departamento de Córdoba y delegado para el Desarrollo de Procedimientos Administrativos Sancionatorios.
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La investigación busca determinar si hubo conductas irregulares y si estas son constitutivas de faltas disciplinarias. Además de los motivos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el perjuicio causado a la administración pública.
El gobernador de Córdoba hace un mes fue vinculado con el ‘cartel de la hemofilia’, como se le denominó al desfalco de los recursos destinados a financiar la salud en el departamento, usando personas para que fingieran que padecíanesa enfermedad y hacer cobros para medicamentos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Dinero que después era distribuido entre los funcionarios, indicó la Contraloría.
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