El mandatario fue vinculado a ese escándalo de corrupción que el ente de control había destapado meses atrás. La Contraloría General alertó sobre el desfalco de los recursos destinados a financiar la salud en el departamento, usando personas para que fingieran que padecían hemofilia y hacer cobros para medicamentos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
En ese sentido, la Gobernación de Córdoba, entonces a cargo de Alejandro Lyons, habría pagado cerca de 50.000 millones de pesos a varias entidades de salud para que suministraran medicinas a esos pacientes que no existían, y por tratamientos especializados para niños que no los necesitaban. Luego ese dinero era distribuido entre los funcionarios.
En este caso, la Contraloría encontró que en la administración de Besaile se pagó en 2016 un saldo por 1.525 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana S.A.S., que le adeudaba la administración anterior. Esto pese a que ya era de conocimiento público el escándalo y que dicha empresa había sido involucrada en ese cartel.
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La entidad encontró que esta IPS facturó a la Gobernación el supuesto tratamiento y entrega de medicamentos de 14 personas diagnosticadas con hemofilia, en enero de 2015, y sin embargo no existe registro de que padecieran la enfermedad.
Es decir que Besaile actuó “sin implementar los controles necesarios para detectar deficiencias o inconsistencias en los cobros y por lo tanto, sin garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP destinados en salud a la población pobre no asegurada”, informó la Contraloría.
La investigación de la entidad demostró que “se utilizó el mismo modus operandi que ya había sido evidenciado durante la administración” de Lyons. Además cuenta con las facturas de la IPS, “que a pesar de haber ido emitidas en enero de 2015, durante la administración de Lyons, fueron pagadas” por el gobernador Besaile.
Otros responsables
Igualmente, se encuentran vinculados los Secretarios Departamentales de Salud, Alfredo Aruachán Narváez y José Jaime Pareja Alemán. También fueron llamados a responder el Auditor Médico Juan David Náder Chejne, el Coordinador del Plan Ampliado de Inmunización del departamento, Alfredo Ceballos y Ruby Esther Durante, representante Legal de la IPS San José de la Sabana.
Pagos con documentos falsos
Entre los soportes está el testimonio de un médico hematólogo que le reveló a la Contraloría que “las firmas de los documentos de diagnóstico no sólo no corresponden a la suya, sino que él nunca le ha prestado servicios a esa IPS, ni ha tenido vínculo alguno con ellos”. Además declaró que las prescripciones que entregaba “no responden a un criterio médico al no existir relación entre la dosificación ordenada y el tratamiento para esa enfermedad”.
La entidad además interrogó a los supuestos pacientes que aseguran nunca haber padecido la enfermedad. Según él, “nunca ha recibido, como tampoco su círculo familiar, tratamiento médico alguno para hemofilia, y que tampoco conoce la IPS San José de la Sabana, ni el Laboratorio Clínico Santa Lucía del Sinú”, también vinculado al escándalo.
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