El edificio Aquarela, levantado frente al Castillo de San Felipe, enclave histórico de Cartagena, deberá ser demolido. Así lo ordenó en primera instancia un juez, al fallar una acción popular, luego de concluir que al conceder los permisos y al desarrollar el proyecto, las autoridades de la capital de Bolivar y la constructora, vulneraron derechos colectivos de los colombianos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos.
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Así las cosas, la decisión judicial les ordena a la Alcaldía y a la constructora Promotora Calle 47 SAS: “en un término máximo de tres (3) meses asumiendo de manera solidaria y proporcional los costos financieros que se llegaren a generar, realicen los estudios técnicos y las gestiones administrativas necesarias que permitan establecer el método o técnica más adecuada y segura para la demolición total de la edificación”. Una vez finalicen los estudios, deberán contratar la demolición misma y llevarla a cabo.
Todo el proceso, además, deberá ser verificado por un comité del que deberán participar, además de la Alcaldía y la constructora, el Ministerio de Cultura, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Fue esta última entidad, en cabeza de su exdirector Camilo Gómez, quien lideró la acción popular junto a la cartera de Cultura, alegando que la construcción de Aquarela ponía en riesgo el patrimonio que representa el Castillo San Felipe y el centro histórico de Cartagena. Ahora, la justicia les dio la razón.
El juez declaró: “A partir de los dictámenes periciales aportados al expediente, como del testimonio del Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, no queda duda de que en la actualidad se cierne una clara amenaza sobre el patrimonio cultural de la Nación, representado en el conjunto de fortificaciones y monumentos de la ciudad de Cartagena de Indias, visto como un todo, tal como fue considerado al momento de otorgarse el título de patrimonio histórico y cultural de la humanidad por la Unesco, en el caso particular, esta amenaza se configura en las afectaciones que de manera evidente sufre el Castillo San Felipe con la proximidad del proyecto inmobiliario Aquarela”.
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La decisión judicial cuestiona que algunos peritos citados al proceso hayan sugerido, por ejemplo, que el juez podría apartarse de estándares internacionales sobre protección del patrimonio. Además, reprochó la negligencia de las autoridades de Cartagena, como la Alcaldía y la curaduría urbana, que no solo dejaron que el proyecto se llevara a cabo, sino que otorgaron los permisos necesarios, ignorando el evidente riesgo que representaría Aquarela para el patrimonio de la ciudad. Incluso, explicó que se desconoció el plan de ordenamiento territorial (POT) de la capital de Bolívar.
“Resultó evidente que no se acató lo dispuesto por el Decreto 0977 de 2001 (POT) vigente al momento del trámite de licenciamiento, en lo correspondiente al tema de alturas en el sector de Torices de la ciudad de Cartagena de Indias, que solo permitía edificaciones de 4 pisos”, señaló el juez. Así las cosas, la decisión también dejó sin efectos todas las licencias de construcción que la Curaduría Urbana 1 de Cartagena expidió y que permitieron que se edificara Aquarela en un principio.
Aunque el fallo parece zanjar una vieja pelea por la defensa del patrimonio de Cartagena, lo cierto es que es una decisión de primera instancia y todavía puede ser apelada. Si alguno de los implicados decide impugnar, le correspondería a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar decidir el futuro de este proyecto inmobiliario y, en consecuencia, del Castillo San Felipe.
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