El Gobierno de Gustavo Petro busca crear por decreto comités y colectivos campesinos para defender la reforma agraria en las calles de todos los municipios de Colombia. El borrador de esa norma del Ministerio de Agricultura, de siete páginas, promueve la movilización y organización campesina.
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El artículo primero del documento, difundido este martes por Caracol Radio, establece llamar a la movilización y organización campesina, instar en todo el país donde sea necesario el establecimiento y fomento de “comités municipales para la reforma agraria como mecanismo de democracia participativa del campesinado en defensa de la reforma agraria”.
Esta es la primera expresión formal de la práctica que ya viene adelantando el presidente Petro de convocar a la ciudadanía a las calles para respaldar sus reformas. Esto como forma de presión ante las dificultades que esas reformas han encontrado en el Congreso de la República.
Lo curioso es que, en este caso en particular, el país todavía no conoce el texto de la reforma agraria que propondrá el Gobierno Nacional, pero sí se ventiló el borrador del decreto que impulsa las protestas campesinas para que salgan a defenderla.
Cada comité en cada municipio estará integrado, mínimo, por cinco personas, establece el borrador del decreto. Ese colectivo va a definir cómo van a actuar, incluso pidiendo recursos públicos para su funcionamiento.
“Para muchas personas dentro del Ministerio de Agricultura, este decreto lo que hace es casi que convocar a la gente a manifestarse y a vías de hecho en caso de que el Congreso no apruebe o haya algo que impida el paso de la reforma agraria que quiere el Gobierno”, aseguró la emisora.
El decreto, continuó ese medio, establece que la extinción de dominio, que es una figura que ya existe en Colombia, en el ámbito rural ya no podrá intervenir un juez de la República; ya no habrá un control judicial. Ahora, la Agencia Nacional de Tierras va a tener unos superpoderes, pues podrá establecer, dependiendo de una serie de medidas, cuándo procede la extinción de dominio.
“Estos espacios garantizan autonomía política de las comunidades campesinas y étnicas, se constituyen en instituciones sociales territoriales impulsadas a partir de procesos de organización y movilización para la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades en proceso de reforma agraria que vive el país”, dice en otro de sus apartes el borrador del decreto.
La norma, subraya la frecuencia radial, eleva a rango de funcionamiento del Estado la protesta, la movilización y la conformación de estos comités, a los que “se les da una autonomía que puede ser muy importante, pero que mal manejada podría significar riesgos en zonas rurales de Colombia”.
El abogado Hernando Herrera, del equipo periodístico de esa emisora, recordó que la protesta social es válida, es un derecho legítimo, un derecho fundamental, pero de ejercicio ciudadano.
El jurista se detuvo en el artículo sexto del borrador de decreto, que habla de la formalización de la organización campesina y señala que el ente rector de toda esta estrategia es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Se está estatizando, bajo unos fines que se ven bastante complejos, la protesta social, que todos debemos respetar y que es un derecho fundamental, pero en manos del ciudadano, no en manos del Estado para efectos de seducirlo a efectos de quién sabe qué cosas”, advirtió.
La ministra de Agricultura, Jenifer Mojica, consultada por ese mismo medio, explicó que el decreto busca “convocar a esas bases populares que eligieron a este Gobierno para que defiendan y promuevan sus políticas sociales, y la reforma agraria, sin duda, es una de las políticas del ADN de este proyecto de gobierno, y es una política que no va a ser pacífica”.
“Pero ¿cuál es el miedo a que las personas puedan participar y movilizarse y que el Gobierno Nacional las atienda?”, preguntó la ministra, ante la inquietud de la emisora en el sentido de que si no se trata de financiar esas movilizaciones y esas movilizaciones ya están ocurriendo, entonces para qué se necesita el decreto.
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