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Un capital semilla hasta por 8 millones de pesos y una renta básica por 24 meses de cerca de poco más de un millón de pesos, serán algunos de los beneficios que tendrán a partir de junio, los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que sean comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que cumplan ciertos requisitos.
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La iniciativa, liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y apoyada por el Gobierno Nacional, fue dada a conocer este jueves a través de una resolución en la que se afirma que se busca apoyar y acompañar a esos comparecientes en su proceso ante el tribunal de paz.
La propuesta ya había sido planteada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el que se ampliaron las tareas de la ARN que ya no solo tendrá competencias de inclusión y reincorporación con firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, sino de “acompañamiento a miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que se encuentren sometidos y cumpliendo” ante la JEP, que se refirió recientemente a Mancuso, según dice los artículos 17 y 18 del PND.
Ante la JEP se han sometido 4.028 miembros de la fuerza pública de Colombia que han cometido crímenes relacionados con el conflicto armado, según cifras de ese tribunal. De acuerdo con la resolución, se creará un plan de acompañamiento para quienes cumplan una serie de requisitos y obligaciones, varias de ellas derivadas del régimen de condicionalidad que impone la JEP para permanecer dentro de ese tribunal de paz.
La resolución resulta al menos innovadora en el camino por incluir a miembros de la fuerza pública en este tipo de procesos, que ya se vienen realizando —pero en proceso de reincorporación— con excombatientes de las Farc, algunos de los cuales tienen derecho también a la renta básica.
“Se hizo un diagnóstico con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que mostró que muchas de estas personas están en altísimos niveles de vulnerabilidad social y económica y que eso dificultaba profundamente su proceso de comparecencia, de aporte y de reparación de las víctimas ante la JEP, que recibió fuerte critica de Lozada. Así surge esta propuesta, que no es un proyecto de reincorporación ni de reintegración, sino de acompañamiento a la comparecencia de estas personas, que nos garantice que efectivamente vamos a avanzar en la reparación de las víctimas”, explicó a Colombia+20 Alejandra Miller, directora de la ARN.
El programa aún no tiene cifras sobre cuánto sería el total de beneficiarios, entre otras razones, porque el plan tiene dos componentes: uno enfocado en la justicia restaurativa y otro en los beneficios económicos y sociales. Para cada uno de ellos, los requisitos serán distintos. Además, será la JEP quien le diga a la ARN cuántos de los comparecientes podrían ingresar al plan, de acuerdo con el cumplimiento que tienen ante ese tribunal.
Sin embargo, de acuerdo con la ARN, la mayoría de ellos son miembros rasos de la fuerza pública que fueron expulsados del Ejército a razón de crímenes cometidos durante el conflicto armado como las ejecuciones extrajudiciales, también llamados falsos positivos.
“Digamos que en principio todos los comparecientes que cumplan ante la JEP pueden entrar al componente restaurativo. Allí se van a hacer unas acciones específicas de restauración a las víctimas, asociadas por ejemplo a temas de reconocimiento de responsabilidades, temas de aportes a la verdad, entre otras”, explica Miller.
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Sobre quienes pueden acceder a los beneficios económicos, Miller afirma que del grueso de los 4 mil comparecientes que podrían ingresar al plan, solo podrán hacerlo quienes cumplan algunas condiciones “como no tener ningún tipo de ingreso, o aquellas personas que no tienen pensiones de retiro o por discapacidad, etc.”, asegura.
El proceso de acompañamiento incorporará diversos enfoques en cada una de sus estrategias y acciones, incluyendo enfoques diferenciales, territoriales, restaurativos, psicosociales e interseccionales. Estos enfoques buscan garantizar una atención adecuada a las necesidades de los participantes, promoviendo la inclusión y la justicia restaurativa.
La resolución entrará ahora en una fase de disposición al público para sus observaciones y comentarios. Después de ello se harán los ajustes pertinentes. Una vez la JEP envié la lista definitiva de comparecientes, empezará el plan.
El capital semilla y una renta básica por dos años
La resolución divide los beneficios entre económicos, sociales y otros de tipo restaurativo. Entre los económicos está la entrega de un capital semilla dirigido a miembros retirados y sin asignación de retiro que pertenecieron a la Fuerza Pública que estén en la JEP, la cual recibió la declaración de alias ‘Otoniel. El monto, de acuerdo con la resolución, equivale a un monto de hasta 8 millones de pesos “que se entregará por una sola vez, previa disponibilidad presupuestal y estará supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos”.
La destinación de ese dinero puede ser para un proyecto productivo o para reforzar uno que ya esté funcionando, educación superior, la compra de una vivienda o aportes a un crédito hipotecario o la construcción y/o mejoramiento de la misma. También puede ser destinados a fortalecer proyectos que estén a nombre del cónyuge o compañero/a permanente del compareciente o sus hijas o hijos mayores de edad, siempre y cuando “aporte al sustento económico” del compareciente.
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La entrega del dinero, que también tiene una serie de requisitos, no se hará directamente al compareciente sino a los proveedores, operadores o entidades financieras, según sea el caso.
Sobre lo que la resolución denomina como “apoyo al sostenimiento” se establece que será “equivalente al 90% del salario mínimo mensual legal vigente en el momento de su reconocimiento”, es decir, 1,1 millones de pesos aproximadamente “durante 24 meses consecutivos”. Ese pago será solo para esos comparecientes que no tengan un contrato laboral“, legal y reglamentario, o un contrato de cualquier naturaleza que les genere ingreso”
El dinero será solo para quienes estén en ese plan de acompañamiento de la ARN. Son 24 desembolsos. Uno por mes. Los tres primeros desembolsos son determinantes, clave porque son el amarre al acompañamiento y cada uno cumple una tarea de verificación de requisitos y de vinculación formal al acompañamiento.
Si la persona llega a conseguir trabajo y/o un contrato y lo pierde, podrá volver a tener el beneficio por los meses que le quedaban. “En caso en que a los miembros retirados y sin asignación de retiro, se le haya suspendido el desembolso del beneficio por contar con un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o un contrato de cualquier naturaleza que les genere ingresos, y este vínculo desaparezca, se reactivarán los desembolsos, sin superar 14 meses contados desde el primer desembolso. No habrá lugar a desembolsos retroactivos o al reconocimiento de los periodos en los que no se cumplieron las condiciones para su otorgamiento”, dice la resolución.
El beneficio también contempla situaciones excepcionales, como incapacidad médica temporal, licencia por maternidad o paternidad, atención de requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, salida del país autorizada y eventos extraordinarios, que podrían afectar la asistencia a las actividades del plan de acompañamiento.
El proceso no solo incluye ese capital y el dinero para el sostenimiento, sino también otros beneficios sociales como la afiliación al Sisbén y al sistema de seguridad social en salud, acceso al sistema educativo puede ser desde la alfabetización hasta a nivel de posgrados. Además, programas de educación para el trabajo y gestiones para la inclusión laboral.
Cada uno de los beneficios tiene requisitos específicos, tiempos de permanencia, pero sobre todo el cumplimiento de compromisos del plan de acompañamiento diseñado por la ARN.
La restauración para las víctimas
El plan también contempla un espacio restaurativo para las víctimas para “crear condiciones que favorezcan su participación” en el proceso y, junto a los comparecientes “reflexionar sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno, reconocer el daño y las responsabilidades, promoviendo la dignificación de sus participantes y generando condiciones que contribuyan a la reparación, la no repetición y la reconstrucción del tejido social”, dice la resolución.
Además, habrá acompañamiento psicosocial para el compareciente a nivel individual, grupal y familiar, así como participación en ciclos para entender las implicaciones y consecuencias de las comparecencias ante la JEP.
El ingreso al proceso de acompañamiento está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la resolución, como ser miembro activo o en retiro de la fuerza pública y sometido al régimen de condicionalidad para la comparecencia ante la JEP y estar en libertad.
El acceso al proceso de acompañamiento estará sujeto a criterios de priorización establecidos en la resolución, que incluyen la condición de cabeza de hogar, la condición de persona mayor, y la presencia de discapacidad, entre otros.
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