Ese grupo de especialistas que cubre fuentes judiciales “actúa con mayor astucia y éxito que la mejor de las bandas de asaltantes de bancos”, sostiene Guillén en el blog Hispano Post.

“Los periodistas que están por caer, a lo largo de los años se organizaron de tal manera que, prevalidos del poder que les concede el ejercicio de su profesión, ubicaron a sus amigos, cónyuges y amantes en prominentes cargos judiciales para hurtar y traficar en el mercado negro con información privilegiada”, continúa el periodista.

Denuncia, además, que esos periodistas se dedican a “actuar en masa con el objeto de satanizar o santificar a delincuentes y abogados corruptos, de manera que vician el criterio de los jueces y de la sociedad con informaciones podridas”. También asegura que “privilegian en sus entrevistas a los delincuentes que les pagan para que divulguen sus versiones y silencian a las víctimas de ellos, por lo común amedrentadas, humildes e indefensas”.

Las afirmaciones de Guillén se producen al comenzar la semana en que está prevista la comparecencia (el próximo 15 de mayo) del periodista judicial Miller Rubio —que cubrió durante varios años esa fuente en medios como El Tiempo y CM&— ante la Fiscalía, que le imputará cargos por presuntos nexos con el esmeraldero Pedro Nel Rincón, alias ‘Pedro orejas’.

Para la Fiscalía, el papel de Rubio era ayudarle al esmeraldero con campañas de desprestigio contra autoridades que hablaban mal de la organización. Rubio también ha sido mencionado en otras investigaciones recientes, como la relacionada con reintegros en la Policía y chuzadas a periodistas, reportó en ese momento W Radio.

La gravedad de las denuncias de Guillén estriba en el hecho de que, para él, en el ámbito judicial —cuyas noticias cubren los periodistas que señala, aunque sin dar nombres propios— se debaten en Colombia “casi todas las actividades de la vida nacional: desde la política, la justicia y las artes plásticas, hasta la banca, la minería, la medicina, la música, la arquitectura, la aviación, el comercio exterior y la prostitución, pasando por la educación, la investigación científica, la pedofilia y, por supuesto, el periodismo”.

La única aproximación que hace Guillén sobre la identidad de dos de los miembros de esa “banda de periodistas” es decir que se trata de un “prominente editor judicial de televisión”, que, según Guillén, “envió a uno de sus secuaces (editor judicial de una cadena de radio) a recibir un pago de cien millones de pesos colombianos que la mafia les entregó, en efectivo […]. Pagos de estos ha habido muchos, según se ha sabido ya”.

El editor judicial de televisión, sostiene Guillén, “estableció la tarifa de 30 millones de pesos colombianos por divulgar una noticia fraudulenta de un minuto y medio de duración en la emisión de mayor audiencia (prime time) y 20 millones en las demás emisiones. Por tarifas más altas, un fraude vestido de noticia de primera plana puede extenderse simultáneamente a otras cadenas de radio y televisión, periódicos y páginas de internet”.

Semejantes ingresos explicarían que “cada uno de los miembros de la gavilla poseen flotillas de autos BMW y Mercedes Benz, principalmente, así como apartamentos de más de un millón de dólares, fincas de recreo, casas de playa, apartamentos en Miami, fuertes inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York y exitosas compañías dedicadas al negocio de la construcción inmobiliaria”, todo esto con sueldos mensuales de periodistas que en ningún caso superan el equivalente a 5 mil dólares.

Esos recursos contrastan con el nivel cultural y educativo de los periodistas señalados, “distinguidos por su incultura, su limitado vocabulario cundido de vocablos en caló (lenguaje del hampa) y graduados en universidades de garaje”, aunque son “los de mejor vivir y mayor fortuna”.

“La información judicial que ya se ha sido reunida indica que uno de estos periodistas estuvo detrás del atentado criminal a bala que sufrió un reputado y honorable colega investigador”, añade Guillén en su denuncia.

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