Un juez acaba de concederle la libertad al abogado Diego Cadena, quien fue acusado por la Fiscalía dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.

Como se recordará, desde la imputación, Diego Cadena tenía medida preventiva de aseguramiento consistente en detención domiciliaria mientras se adelanta el proceso en su contra.

El abogado Cadena fue imputado el 27 de julio de 2021. Luego vino la acusación y estaba a la espera del inicio del juicio que arrancaría con la audiencia preparatoria.

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Sin embargo, la ley 906 de 2004 sobre procedimiento penal establece en su artículo 317 que, entre la acusación y el inicio del juicio oral, no podrán pasar más de 120 días, que son prorrogables por una sola vez, en tres casos específicos. Es decir, un máximo de 240 días.

Y eso fue justamente lo que sucedió en el caso Diego Cadena. Por ello, el juez 46 de control de garantías de la ciudad de Cali le concedió la libertad. De no hacerlo, le estaría violando un derecho fundamental al acusado: el debido proceso.

No obstante, el tema del vencimiento de esos términos ha sido motivo de polémicas porque hay quienes advierten que justamente esa fue la estrategia de defensa del apoderado de Cadena: aplazar y dilatar las audiencias. Aunque la ley de procedimiento penal también prevé esas maniobras legales y en esos casos les ordena a los jueces no tener en cuenta el tiempo perdido durante las estrategias dilatorias de los acusados o sus defensores.

Eso fue justamente lo que sucedió en diciembre de 2021, cuando la defensa de Cadena intentó lograr su libertad por vencimiento de términos, pero el juez que atendió dicha solicitud hizo las cuentas aritméticas y al descontarle los días por dilaciones, determinó que aún no estaban vencidos.

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Hay que aclarar que el vencimiento de términos no significa la absolución del procesado, sino un mecanismo de castigar la lenta administración de justicia. Eso quiere decir que el imputado o acusado recupera la libertad, pero el proceso en su contra sigue el curso habitual definido por la ley.

La Cadena de Uribe

La importancia de la libertad del abogado Diego Cadena radica en que su proceso es un apéndice del mismo caso contra el expresidente Álvaro Uribe. De hecho, comparten el mismo abogado: Iván Cancino.

Al expresidente Uribe también lo procesan por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. Su caso arrancó en la Corte Suprema de Justicia y terminó en la justicia ordinaria, tras renunciar al fuero como senador.

En el caso de Diego Cadena, la Fiscalía lo investigó, imputó y acusó porque, al parecer, como abogado de Uribe, emprendió una estrategia jurídica consistente en torcer testigos para que declararan a favor del expresidente.

En cumplimiento de esa tarea, según la Fiscalía, Cadena recorrió varias cárceles del país donde estaban recluidos reconocidos y temidos exparamilitares, para convencerlos de firmar declaraciones que favorecieran a Uribe Vélez y perjudicaran al senador Iván Cepeda.

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Como el proceso judicial contra el expresidente Uribe seguirá su trámite luego de perder los recursos jurídicos tendientes a tumbar su calidad de imputado, las demoras en el juicio contra Cadena le favorecerían. ¿Por qué?

Teniendo en cuenta el arsenal probatorio (audios, videos, testigos y consignaciones) que la Fiscalía tiene contra el abogado Cadena, muchos juristas y analistas ven difícil un fallo favorable.

De hecho, a comienzos de este año la Comisión Seccional de Disciplina Judicial suspendió a Diego Cadena por tres años tras considerar que cometió “una grave falta al ejercicio profesional”.

Hay que recordar que Cadena sería el encargado de presionar al testigo estrella en el proceso contra Álvaro Uribe, para que cambiara su versión. Se trata de Juan Guillermo Monsalve, quien hoy permanece recluido en la cárcel La Picota (Bogotá).

La importancia de ese testigo estrella contra Uribe y Cadena, radica en que él los señala como autores del montaje judicial contra el senador Iván Cepeda.

Además, en varias ocasiones Monsalve declaró ante la Corte Suprema de Justicia que Álvaro Uribe fue creador de un grupo paramilitar en Antioquia