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Cada año, el Icfes clasifica los establecimientos educativos en Colombia según sus resultados en Saber 11. Esta clasificación se determina a través de los resultados de los estudiantes de los últimos tres años en las cinco pruebas del examen, considerando no solo los promedios, sino también las diferencias de puntajes entre los estudiantes.
Cuanto más elevados y uniformes sean los puntajes de los estudiantes de la institución educativa, más alta será la clasificación. Este proceso contempla cinco categorías: A+, A, B, C y D, donde A+ y A representan los niveles académicos más altos de una institución, mientras que D refleja el nivel más bajo.
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En el caso del departamento del Cesar, de las 137 instituciones oficiales clasificadas en el 2023, solo el 1% son catalogadas A o A+, es decir, instituciones de alto nivel académico. Por otro lado, el 64% son catalogadas nivel D, bajo nivel académico.
En el caso de Valledupar, que tiene su propia Secretaría de Educación, de las 41 instituciones clasificadas, el 10% está en nivel A o A+; el 32% en nivel B; el 39% nivel C y el 20% nivel D.
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A nivel regional, los resultados del último periodo revelan que Atlántico, Cesar y Córdoba, los colegios se caracterizan por una marcada desigualdad entre los resultados de las escuelas oficiales de sus capitales y las de otras entidades en su departamento.
Mientras que el porcentaje de establecimientos oficiales de nivel D en Barranquilla, Valledupar y Montería no supera el 30%, ubicándose entre los más bajos en la región, en los municipios no certificados de Atlántico, Cesar y Córdoba, este indicador se encuentra entre el 60% y 80%, situándose entre los más altos.
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Si consideramos los resultados en esta clasificación durante la última década, encontramos que el porcentaje de establecimientos educativos de menor nivel (D) aumentó en 13 puntos porcentuales. La participación de escuelas de nivel medio (C) de este sector disminuyó en 15 puntos porcentuales, mientras que las categorías de desempeño alto y superior (A+, A y B) subieron en 2 puntos porcentuales.
En el último quinquenio, se han realizado inversiones significativas en todas las entidades territoriales de la región para el desarrollo de programas y proyectos orientados a mejorar la calidad educativa.
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Ejemplos de estas inversiones incluyen la construcción y adecuación de la infraestructura escolar, así como becas para la formación de docentes, entre otros. Sin embargo, los datos de Saber 11 plantean interrogantes sobre la relación costo-beneficio de estas iniciativas.
Ante este panorama, el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte recomienda a las administraciones entrantes considerar implementar programas intensivos de acompañamiento para directivos, docentes y estudiantes, con énfasis en los municipios con mayor presencia de escuelas oficiales de categoría D.
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Estas intervenciones deben estar basadas en evidencias sólidas sobre su utilidad y considerar las necesidades específicas de cada escuela y alumno, organizando las acciones en función de estas particularidades.
Invertir de forma decidida en la modernización de las Secretarías de Educación y promover la descentralización de sus actividades de gestión. Los resultados de los municipios no certificados de la región y de entidades territoriales.
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Igualmente, implementar programas de formación continua y en servicio para los docentes de todas las entidades territoriales mediante becas en instituciones de educación superior de alta calidad. Se debe priorizar programas diseñados para mejorar la práctica docente en contextos reales, adaptados a las necesidades específicas de cada área y nivel educativo.
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