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Desde hace más de un mes, cientos, miles de personas han llegado a invadir la Hacienda Santa Helena, un inmenso lote desocupado que está prácticamente en zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia, con la ilusión de que el gobierno municipal, departamental o nacional les dé no solo el permiso, sino las herramientas para construir sus propias casas.
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EL COLOMBIANO publicó un completo reportaje en el que detallaba la situación que viven los habitantes de la invasión y la problemática a la que se enfrentan las autoridades que deben, por un lado, darle una solución a las personas en condición de vulnerabilidad, pero por otra sentar un precedente para que estas ocupaciones irregulares no se repliquen por todo el territorio.
Después de la publicación del reportaje, la gobernación de Antioquia y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en representación del gobierno nacional, se han enfrentado en las visiones que tienen para afrontar el problema.
De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desde hace varias semanas, cuando la invasión todavía no llegaba a la magnitud que alcanzó ahora, se había instalado un Puesto de Mando Unificado que tenía como objetivo, según dice, caracterizar población, buscar soluciones y devolverle el predio a su dueño, en este caso, la SAE”.
Esto es una vergüenza, un pésimo antecedente para el país. Avalar vías de hecho lo que hace es socavar el Estado de Derecho. Tenemos la obligación de dar soluciones sociales para la población vulnerable pero NO con la violación a la propiedad privada.
Les cuento: esta invasión,… pic.twitter.com/s9cyipYYp3— Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 28, 2024
Sin embargo, la SAE, que es quien según el gobernador es la propietaria del predio, por ahora no tiene intenciones de ordenar un desalojo ni nada por el estilo, sino que, por el contrario, desestimó una querella que la “depositaria” del bien había interpuesto, pidiendo el desalojo de un predio que tiene un contrato de arrendamiento vigente desde 2020.
La Gobernación de Antioquia dice que el predio es de la SAE, pero la SAE por su parte dice que todavía no es suyo, sino que solamente lo administra, ¿al fin quién tiene la razón?
La historia es la siguiente: desde 1998 la hacienda es propiedad de Juan Gabriel Úsuga Noreña, un confeso exnarcotraficante que en 2001 fue extraditado a Estados Unidos. De acuerdo con las escrituras de los tres lotes que componen la finca, Úsuga pagó por ellas $1.225 millones y dos años más tarde, las pondría a nombre de una sociedad de su propiedad “Finca Santa Helena S.A.”.
En 2003, le vendió a la empresa de transporte de gas y energía, Promigas, una servidumbre por unos $25 millones.
En 2004, la Fiscalía le embargó la propiedad con fines de extinción de dominio. En ese litigio de extinción de dominio lleva 20 años la propiedad, pues en una primera instancia el juez falló en favor de Úsuga, decisión que fue apelada por la SAE, que todavía no tiene respuesta definitiva.
Mientras tanto, la SAE ha administrado no propiamente el terreno del lote sino la sociedad Hacienda Santa Helena S.A. que tiene un agente liquidador llamada Army Judith Escandón. Escandón fue precisamente quien instauró la querella inicial solicitando el desalojo del lote.
La conclusión de esto es que el lote no es propiedad de la SAE todavía ni la SAE es propiamente un “privado” como asegura la gobernación cuando dice que quiere proteger una propiedad privada. No obstante, la SAE sí vigila y controla la administración de la propiedad que está a cargo de Escandón como agente liquidador. Administración que, como se reveló en el reportaje publicado en este diario también deja algunos cuestionamientos.
Pues en 2020 Escandón, como representante de la sociedad, firmó un contrato de arrendamiento por un valor de $6.000.000 más IVA mensual (muy bajo para las características del lote) con Marisela del Carmen Cossio Jaramillo y Farid Segundo Vélez Henao, esposos y propietarios del Politécnico Centro de Investigación y Capacitación Odontológica, Ciandco, de Caucasia.
Mi respuesta al Gobernador de Antioquia: Desde la SAE defendemos la institucionalidad de la constitución y la ley. La “propiedad privada” que dice ud defender, tiene una suspensión del poder dispositivo en virtud de una medida cautelar de extinción de dominio. El escenario de… https://t.co/ewNiKGriHH
— Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) April 29, 2024
Resulta que apenas semanas después de firmado ese arrendamiento, el nombre de Farid Segundo Vélez apareció en un chat entre Carlos Ramón Zapata, un exparamilitar y narco que en los 80 mandó más de 170 toneladas de cocaína a Estados Unidos y quien fue cuñado de Úsuga, y Diego Rafael Patiño, un reconocido abogado colombiano.
Resulta que los chats entre Zapata y Patiño hacen parte de las pruebas que la Fiscalía tiene en un proceso en el que busca determinar si Zapata y otros narcos hacían acuerdos con la exfiscal de extinción de dominio Ana Catalina Noguera para que esta les diera beneficios precisamente en los procesos de extinción de dominio de sus bienes o incluso los salvara de la extradición.
Pues bien, el mensaje entre Zapata (no olvidar que es el excuñado de Úsuga, dueño del lote Santa Helena) dice lo siguiente: “el nuevo testaferro de José Bayron Piedrahíta —alias el Árabe o el Patrón de Caucasia— se llama Faryd Vélez, dueño del Politécnico del Cauca y ficha de Army Judith Escandón. Ya le prometieron la finca nuestra, Santa Helena”.
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Faryd Vélez, de quien hablan, es el arrendatario de Santa Helena, y José Bayron Piedrahíta , fue un poderoso capo de la Oficina de Envigado que de tanto “colaborar” con la justicia solo ha pagado una condena de seis meses de cárcel en Estados Unidos y en 2022 fue condenado a seis años de cárcel en Colombia por lavado de activos, pues la justicia determinó que “este hombre constituyó empresas en Colombia, Argentina y Panamá, entre 1998 y mayo de 2016, con el propósito de ocultar recursos del narcotráfico”.
Así las cosas la conclusión es que la Hacienda Santa Helena, donde en menos de un mes llegaron 5.000 familias a instalarse en lotes de seis metros de ancho por doce de largo, sigue siendo propiedad del exnarco Juan Gabriel Úsuga, pero desde hace 20 años es administrada por la SAE, a través de la sociedad Hacienda Santa Helena S.A., que tiene un liquidador de nombre Army Judith Escandón y que en 2020 se la alquiló a un hombre llamado Faryd Vélez, que aparece en unos chats de un exnarco como el testaferro de José Bayron Piedrahíta.
Como alternativa a la compleja situación, la SAE le ha propuesto a los invasores otros terrenos que no tienen los líos jurídicos de este y de los cuales sí pueden disponer. Sin embargo, estos están ubicados en zonas rurales y alejadas de otros municipios cercanos, razón por la cual a los invasores no les ha sonado la idea de desalojar voluntariamente.
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