Hay al menos tres razones que explicarían la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel a manos del régimen de Nicolás Maduro, que fue capturada el pasado 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también había sido detenida, pero quedó en libertad condicional.
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La primera es que esta abogada de 57 años es la fundadora de la ONG Control Ciudadano, que lleva un registro de violaciones de derechos humanos a civiles y militares. Además, es una autoridad en temas de la hermética y poderosa Fuerza Armada de Venezuela, sostén del régimen de Nicolás Maduro y blanco de denuncias de abuso y corrupción.
“Hablar de la doctora Rocío San Miguel es hablar del ejemplo más amplio de una defensora de derechos humanos”, dijo a la AFP Martha Tineo, coordinadora de la ONG Encuentro, Justicia y Perdón. “Ha participado en diferentes acciones judiciales precisamente a favor de la democracia y la defensa de los derechos humanos de Venezuela. ¿Por qué está detenida? Pudiéramos pensar que justamente atacar a Rocío San Miguel es la forma de atacarnos a todas las mujeres defensoras de derechos humanos en Venezuela”.
San Miguel, que también tiene nacionalidad española, es abogada con especialidad en Derecho y Política Internacional y tiene una maestría en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, adscrito a la Fuerza Armada venezolana. Fundó Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional en 2005, poco después de su despido de la administración pública por apoyar en 2003 la recolección de firmas para convocar un referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez (1999-2013).
Después de recolectar y publicar copias de las planillas de los firmantes, el régimen hizo una purga en entes del Estado, una maniobra tachada por San Miguel de “apartheid”. Ella, que trabajaba en el Consejo Nacional de Fronteras, y otras dos exfuncionarias del mismo organismo ganaron en 2018 una demanda contra Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos políticos y de expresión.
Graduada de opositora
La segunda razón por la que el régimen de Maduro atenaza a San Miguel es porque la graduó de opositora. La fiscalía chavista la vincula con un supuesto plan para matar a Maduro por el cual han sido arrestadas una treintena de personas. La imputa por “traición a la patria”, “conspiración” y “terrorismo”, cargos que han recibido otros activistas venezolanos, y que ella misma ha condenado en el pasado. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue arrestado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”.
A través de Control Ciudadano, San Miguel ha denunciado desde “intereses” militares en la minería ilegal en el sur del país debido a la presencia de guerrilleros y bandas criminales, hasta un reciente femicidio dentro de la Fuerza Armada. También ha hablado del papel que jugará el componente armado en una “transición política” en el país.
Maduro —que con frecuencia denuncia planes en su contra para derrocarlo o matarlo— ya la había señalado de golpista en 2014, cuando tenía apenas un año al frente del gobierno tras la muerte de Chávez. “Ha intentado dividir a nuestra Fuerza Armada, [pero] se seguirá estrellando con la moral de nuestra Fuerza Armada”, dijo entonces.
Fiel a su estilo irrespetuoso y destemplado, con visos de misoginia, Maduro dijo: “Ustedes verán cómo ella brinca, salta, chilla. Como es una mujer, van a salir a decir ‘Maduro agrede a las mujeres’. No la estoy agrediendo; solamente la estoy señalando” porque “aparece en la investigación” para “promover un alzamiento militar contra el orden establecido en Venezuela”.
Desde el arresto de San Miguel, que se hizo oficial el domingo en la tarde, sus abogados denuncian una “desaparición forzosa“, pues aún no han tenido acceso a su defendida. “Siguen las violaciones a las garantías y derechos fundamentales […]. Estamos a las puertas del tribunal para ser designados como sus defensores, pero no ha sido posible por la ausencia del juez”, denunció Joel García. “Transcurre el lapso para la apelación y para proponer diligencias de investigación”, agregó. “La idea es que transcurra, pero sin defensa privada”, cuestionó.
La puerta giratoria
La tercera razón de la detención de San Miguel se inscribe en un esquema que expertos denominan “puerta giratoria”, que consiste en concretar excarcelaciones al mismo ritmo en que se practican nuevos arrestos. “A través de unas negociaciones del Acuerdo de Barbados se liberaron unas personas y ahora se vuelve a encarcelar otras”, declaró a la AFP Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, que defiende a “presos políticos”.
En diciembre pasado, 10 estadounidenses y 24 venezolanos fueron excarcelados en Venezuela tras un acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición de cara a las elecciones presidenciales, previstas para este año, pero aún sin fecha fijada, en las que Maduro aparece como candidato natural a la reelección.
A cambio, Estados Unidos liberó a Álex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro y enjuiciado por lavado de dinero en ese país. “Ya es costumbre que se inventan casos en contra de personas para justificar supuestos atentados”, añadió Romero, que estimó que el régimen ha optado por pagar “un costo político bien alto”.
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