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El entramado de corrupción más grande de América Latina conocido como Odebrecht sigue salpicando las altas esferas del poder. Esta vez, la Fiscalía reveló que las campañas presidenciales que se disputaron la Casa de Nariño en 2010 y la segunda vuelta en 2014 habrían recibido financiación por parte del mecanismo criminal de la multinacional brasileña. Así lo dio a conocer el fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes, al explicar cómo una tajada de sobornos que ascendió a 3.450 millones de pesos se habría inyectado a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, quien salió victorioso, y otros 3.045 millones de pesos se habrían destinado a la campaña de Óscar Iván Zuluaga que quedó de segundo en la carrera por la presidencia.
Precisamente, Zuluaga enfrenta un juicio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares luego de que el ente investigador recibiera pruebas de ese supuesto financiamiento tras firmar un principio de oportunidad con el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, quien se encargó de destapar audios y conversaciones en los que quedaría clara la entrada de dinero ilícito de Odebrecht a su campaña de 2014. Por su parte, el excandidato presidencial no aceptó los cargos y junto a él cayeron David Zuluaga, su hijo que fungía como gerente de campaña, y la exministra Cecilia Álvarez.
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Entretanto, el expresidente Santos y premio Nobel de Paz, ya estaba preparado para escuchar su nombre en medio del entramado de corrupción que reveló la Fiscalía, y recientemente señaló que se encargará de “demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente” los señalamientos de presuntos sobornos que habrían llegado hasta sus dos campañas presidenciales por parte de la empresa Odebrecht.
Sin embargo, el fiscal Jaimes hizo especial énfasis en que su institución no podrá investigar al exmandatario como sí lo hizo con Zuluaga. “Debo señalar, que por su calidad de presidente, es un aforado especial, cuya competencia está en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, destacó.
Por lo tanto, habrá que esperar para conocer cuál será el futuro judicial de Santos mientras la Fiscalía les sigue la pista a los dineros corruptos que habrían ascendido a una suma total de más de $ 80.000 millones entregados a sectores políticos, sociales y económicos en el país a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
El entramado brasileño
En una rueda de prensa, en medio del congreso de la Andi en Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa, en compañía de la vicefiscal Martha Mancera y el fiscal encargado Gabriel Jaimes, presentó un informe detallado de las investigaciones que se han adelantado a través del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht con el objetivo de develar las operaciones y los tentáculos de la multinacional brasileña en Colombia entre 2009 y 2016.
Barbosa aprovechó para sacar pecho por su gestión a poco tiempo de que salga del cargo y aseguró que durante su administración se logró ponerle “orden” a las múltiples líneas de investigación del entramado de corrupción y de paso aclaró que entregará 115 imputaciones antes de irse de la Fiscalía. Con eso dio paso a anunciar dos nuevas líneas de investigación, que suman 55 nuevas imputaciones contra altos directivos de la multinacional brasileña y de la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani. Esta es la primera vez que la Fiscalía abre expedientes a los brasileños en el país.
Así las cosas, el ente investigador anunció 22 imputaciones a directivos de Odebrecht quienes, de acuerdo al material probatorio que se recopiló, habrían creado una empresa criminal para entregar sobornos en Colombia.
#ATENCIÓN | Fiscalía revela entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de $80 mil millones en sobornos en Colombia. Son citados a imputación 22 personas más por ser presuntamente intervinientes en los hechos… pic.twitter.com/nuMkyqW1E7
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 17, 2023
Según la Fiscalía, desde la sede en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas desde el cual idearon y planearon sobornos en todo el mundo. Fue así como lograron quedarse con el contrato Ruta del Sol II en Colombia. Además, este modelo se replicó en Colombia. Con ofrecimientos y entrega de dinero contaron con la ayuda de altos funcionarios del gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares, quienes realizaron actuaciones ilegales que favorecieron a la multinacional brasileña.
A través de ese Departamento con sede en Brasil, en Colombia se materializó el pago de sobornos a través de una fiducia para darle apariencia de legalidad, con dos sistemas de seguridad tanto para los recursos como para las comunicaciones. La confidencialidad era la regla, por eso usaban nombres y palabras claves.
En ese contexto, el fiscal Gabriel Jaimes explicó detalladamente la forma de operar de Odebrecht que se dividía en tres fases: conseguir los contratos, modificar el objeto y cancelar dádivas pagadas a través de empresas fuera del país y paraísos fiscales. De esa manera, durante 8 años, la multinacional brasileña se apropió de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de 80 mil millones de pesos. Por esos hechos, la Fiscalía imputó cargos a directivos de la multinacional como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos. Entre ellos, el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracutti, y también a Eleuberto Antonio Martorelli. Todos tendrán que responder por el delito de concierto para delinquir y lavado de activos.
#AEstaHora | El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, participa en el 8º. Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI. Durante su intervención habló sobre la lucha contra la corrupción y el trabajo realizado en la #Fiscalía en los últimos tres años y medio. pic.twitter.com/Ta0W0Y3kaP
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 17, 2023
De acuerdo con la otra línea de investigación que abrió la Fiscalía, en Colombia se llamó a imputación de cargos a 33 personas entre funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura por presuntas irregularidades en seis otrosíes de la Ruta del Sol II. El nombre que repite es el de Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, esta vez vinculado como coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Esta nueva etapa de investigación se concentrará en las adiciones irregulares que dejaron un millonario detrimento patrimonial para el país donde participaron altos cargos de la ANI.
Así mismo, la Fiscalía logró establecer que Odebrecht causó un detrimento por más de $514.000 millones de los cuales se han recuperado $19.000 millones, por lo que actualmente la empresa brasileña “le debe al Estado más de $494.000 millones producto de actividades ilegales”.
(Vea también: Óscar Iván Zuluaga, con el agua al cuello: tendría que devolver 25.000 millones de pesos)
En total, durante la administración del fiscal general Francisco Barbosa hay 93 personas solicitadas en imputación, 20 imputaciones realizadas, 17 escritos de acusación, 4 principios de oportunidad y 11 sentencias condenatorias.
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