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Tras siete meses de discusiones y polémicas, la promesa de EPM de congelar sus tarifas de energía para más de 2,7 millones de clientes en Antioquia terminó diluyéndose en palabras vacías. Sin importar los múltiples mensajes y discursos que desde finales de mayo pasado salieron de la compañía, en los que el exalcalde Daniel Quintero y el gerente general, Jorge Andrés Carrillo, aseguraron que los cobros a los usuarios se mantendrían “congelados”, durante los últimos dos meses las tarifas aplicadas se han disparado a valores inéditos en 2023, sobrepasando con creces los costos de referencia de mediados de este año.
Según se desprende de las tarifas oficiales publicadas por la misma compañía en su página web, entre octubre y noviembre las mismas se incrementaron dos veces consecutivas por encima del 5%, la variación porcentual más severa del año.
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Tan solo en el caso del estrato 4, cuyas tarifas no se ven afectadas por subsidios ni contribuciones, este mes cerraron con un valor de $ 884,93 kWh (kilovatio hora), una cifra que se muestra $ 77,94 por encima del valor alcanzado en mayo pasado, en teoría sería el techo que no sobrepasaría la compañía hasta fin de año.
Si bien EPM aún no entrega explicaciones por dichos incrementos, los mismos se muestran en dirección contraria al mecanismo explicado por la propia compañía en mayo, que desde entonces consternó a expertos por tener múltiples vacíos.
Para comprender cómo fue que el mecanismo de congelamiento tarifario terminó diluyéndose hay que remontarse al pasado 22 de mayo de este año, cuando, luego de varias semanas de salidas en falso y especulaciones, el exalcalde Quintero y el gerente Carrillo encabezaron una rueda de prensa en la que explicaron la supuesta rebaja.
A falta de un documento técnico detallado que nunca fue publicado, la explicación oral de ambos funcionarios se mantiene hoy como la única información de referencia para conocer cuáles eran los planes de la compañía en esa materia.
Según explicó entonces Carrillo, el alivio consistía en una variación tarifaria compuesta por dos momentos que partirían el segundo semestre de 2023, según la cual durante los primeros meses las tarifas bajarían a un ritmo sostenido y luego comenzarían a subir, sin que se superara la tarifa máxima registrada hasta ese momento del año.
“Si hoy un usuario estrato tres paga $ 100.000 por el servicio de energía, con un consumo de 130 kilovatios/hora, el siguiente consumo va a ser más bajito, probablemente alrededor de los $ 99.000. De pronto en el siguiente mes $ 98.000 o $ 97.000 o $ 96.000, y en octubre vamos a empezar a subir y vamos a llegar en diciembre a los mismos $ 100.000. Hay un alivio inmediato y después hay una estabilización”, dijo entonces el gerente Carrillo.
De acuerdo con el lenguaje empleado entonces por el funcionario, dicho congelamiento tendría la figura de un valle o una batea, haciendo que al final de las disminuciones e incrementos aplicados, los usuarios terminaran pagando en promedio lo mismo al terminar el año.
Aunque en aquel momento el debate se centró en los múltiples vacíos que dejó el anuncio, que iban desde la omisión por parte de Carrillo y Quintero de explicar que dicho congelamiento no era más que un diferimiento en los cobros (dado que se amparaba en el mecanismo de la opción tarifaria), hasta la capacidad de la empresa de asumir los impactos de la medidas (entonces calculados entre $ 130.000 millones y $ 400.000 millones), la discusión de hoy se centra en que ni siquiera se respetaron esos márgenes prometidos.
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Si se comparan las tarifas para el estrato 4 publicadas este año, el primer dato que sale a flote es que EPM redujo en efecto los cobros a los usuarios durante tres meses consecutivos.
Mientras en mayo la tarifa de energía en ese renglón (con la opción tarifaria aplicada) se situó en $ 806,99 kWh, en junio se redujo en un 0,6 %, en julio otro 0,6 % y en agosto en otro 0,6 %, llegando a los $ 792,55 kWh.
Sin embargo, a partir de agosto, los valores empezaron a subir. Entre ese mes y septiembre el incremento fue más cauto, alcanzando un valor de 0,7 % (quedando entonces en $ 798.10 kWh).
Pero fue entre octubre y noviembre que los precios se dispararon con mayor fuerza. Mientras en octubre el incremento fue del 5,6 % (llegando a $ 842,79 kWh, el precio más alto de todo el año), este mes de noviembre volvieron a romperse esos registros, teniendo la tarifa una variación del 5 % y volviendo a romper el récord de 2023: $ 884,93 kWh.
Si se compara el valor de noviembre con el de mayo, presentado como la supuesta barrera hasta diciembre, el mismo está un 9,6 % por encima.
Además de esta variación porcentual, transcurrido más de medio año del lanzamiento del mecanismo, varios detalles importantes del mismo se quedaron en el aire, el más sensible vinculado a los mecanismos que empleará EPM para recuperar el saldo pendiente que dejará el “congelamiento”.
Aunque en un comienzo tanto Carrillo como Quintero optaron por no explicar que el “congelamiento” estaba respaldado en las resoluciones que regulan la opción tarifaria, luego de que se filtrara a la opinión pública un documento oficial en el que la empresa auguraba un incremento tarifario adicional del 0,6 % mensual a partir de enero de 2024 la empresa le salió al paso a las críticas y anunció un mecanismo para que dichos cobros pendientes no recayeran supuestamente en los usuarios.
A comienzos de julio, EPM anunció que dispondría de un fondo de $ 100.000 millones para mitigar dicho saldo, pero nunca aclaró bajo qué figura normativa los invertiría ni en qué plazos.
Para conocer qué ha pasado con dicho fondo y las razones de los incrementos tarifarios de los últimos meses, EL COLOMBIANO envió un requerimiento de prensa desde el pasado miércoles a EPM, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Pulzo agrega:
Los antioqueños no será los únicos en Colombia que verán un aumento en el precio del recibo de la luz, ya que en Cesar estarían cobrando demás, asegurando que es por cuidar al planeta.
También hay que recordar que el precio podría tener un alza significativa por la propuesta que hay de cobrar el valor del transporte público en la factura.
Dicha iniciativa es analizada en las principales ciudades del país y se espera que en 2024 se decida qué es lo que pasará.
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