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La procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda, le envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le solicita información respecto al presupuesto asignado a las EPS para el segundo semestre de 2023. En la comunicación, el Ministerio Público busca determinar si, a la fecha, $ 49.000 millones que tienen en deuda con los prestadores de salud ya cuentan con disponibilidad para ser asignados.
La Procuraduría se basó en los pronunciamientos que han venido realizando diferentes EPS relacionadas con la forma en que se desarrolla el cálculo de los presupuestos máximos, las demoras tanto en el reconocimiento de los recursos como en el giro de los mismos, al igual que los retrasos para el giro de los ajustes de presupuesto de 2022. Por ello, solicitan que el ministerio les consigne el valor asignado a la fecha de pago a cada EPS para así garantizar la atención del segundo semestre del año 2023.
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Al respecto, los prestadores de salud informan que si no se solucionan los problemas financieros que afrontan por el no pago por parte del gobierno nacional, “será muy difícil continuar con la garantía de la prestación de los servicios de salud, causando, con ello, serias dificultades para avanzar en este derecho fundamental después del mes de septiembre de 2023″, se lee en el comunicado firmado por todas las EPS.
De esta manera, el ente de control requiere que el Minsalud le informe adecuadamente sobre los recursos que, en la Sesión Ordinaria del 5 de agosto de 2022: “(…) informan que el ajuste de la vigencia 2021 asciende a un valor de $ 480.000 millones, de los cuales la Comisión Asesora recomienda reconocer $ 431.000 millones, en consideración a que los mismos cuentan con disponibilidad presupuestal a la fecha. Asimismo, se recomienda que el valor restante sea reconocido una vez se cuente con la disponibilidad presupuestal y de caja para atenderlos”.
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Por lo anterior, “se requieren medidas urgentes de pago tanto en ajustes como en presupuestos máximos, así como en todas las demás deudas contenidas en los diferentes requerimientos que se han venido realizando desde finales de 2022 por parte de la Procuraduría y de estos importantes actores del sistema de Seguridad Social, no solo relacionados con Presupuestos máximos y ajustes, sino además con la insuficiencia de la UPC, ajuste de la UPC por perfil epidemiológico y otros pagos como recobros, canastas COVID-19, licencias e incapacidades, así como procesos de compensaciones pendientes”, señala la procuradora Ojeda.
Con toda atención, la entidad de control le solicita al ministro, quien dijo que no hay desfinanciamiento, cumplir con las obligaciones legales de los diferentes pagos adeudados, tomar las medidas urgentes y necesarias para que las EPS tanto del régimen contributivo como del subsidiado; y que así puedan garantizar la prestación de los servicios de salud a más de 50 millones de colombianos.
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