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Ha pasado más de año y medio desde que la vida de Marelbys Meza, una humilde mujer dedicada a servicios domésticos y cuidado del hogar, dio un vuelco radical y dramático. Sin proponérselo, terminó inmersa en una trama de poder, política y corrupción que salpica no solo a la Casa de Nariño, sino que incluso tiene víctimas fatales de por medio.
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“A partir de ese momento mi vida cambió. Mi vida se acabó a partir de ese momento: a nivel laboral, a nivel personal... otra cosa, por ejemplo la salud de mi familia. Yo, la verdad, siempre he dicho que yo no he robado nada. Yo no he cogido absolutamente nada”.
En estos términos –sentada, con las manos cruzadas y con un dejo de pesadumbre y dolor–, Marelbys acudió este miércoles ante un juez en Bogotá en medio del proceso que se lleva contra varios uniformados por las interceptaciones ilegales de las que fue víctima, a lo que se sumó una prueba irregular de polígrafo.
¿Por qué habrían ordenado interceptar el teléfono celular de Marelbys Meza?
Todo esto, por la pérdida de un maletín en el que supuestamente había entre 4.000 y 7.000 dólares de la casa de quien fuera su jefe, la entonces jefe de gabinete y hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia.
El desenlace sigue siendo pavoroso: lo que comenzó como un asunto doméstico del ámbito más íntimo de un hogar, terminó convertido en una trama política de traiciones, secretos y hasta un muerto, el coronel Óscar Dávila, coordinador de la seguridad del presidente Gustavo Petro.
“Yo le decía a Laura: ‘bueno, ¿pero de qué se me acusa?’ Primero dicen que 4.000 dólares, después dicen que 7.000 dólares, no sé qué es. A mí nunca me han aclarado el tema, tampoco de los documentos. O sea, ¿yo qué documento me voy a robar?, ¿qué interés tengo yo en documentos de quién?”, afirmó Meza.
Las declaraciones de la exniñera de Laura Sarabia, quien previamente trabajó con el controvertido embajador Armando Benedetti, se dieron en medio de una audiencia ante el juez 53 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, en la que responden en juicio el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales, implicados en presuntas irregularidades para lograr vía libre para interceptar las comunicaciones no solo de Meza, sino de otra exempleada doméstica llamada Fabiola Perea, señalándolas como integrantes de un grupo armado ilegal.
Según Marelbys, durante esos días uno de los uniformados le dijo: “le manda a decir la jefa, o sea, le manda a decir la doctora Laura, que si se gastó algo de plata, que no pasa nada, que le devuelva el resto”. Ella respondió: “¿cuál devuelva el resto?, ¿de qué? Yo no me he robado nada. Lo único con lo que cuento es con $40.000. Yo no tengo más plata”.
La exniñera contó que además que, en medio del polígrafo, “un señor me dice ahí, usted no va a volver a su casa, usted va presa”. Alertando por la difícil situación laboral y personal que ahora enfrenta, Meza elevó un llamado para resolver lo que, con creces, podría definirse como un infierno: “Yo sí quiero que todo se aclare, quiero la verdad, porque a través de todo este problema mi vida cambió, mi salud, todo, todo, todo se me deterioró”, concluyó.
¿En qué van las investigaciones del caso por posibles chuzadas?
En paralelo a este diligencia, ante otro juez de Bogotá, la Fiscalía confirmó que dos agentes de la Policía, la patrullera Danna Alejandra Canizales y el intendente Luis Alfonso Quinchanegua, llegaron a un preacuerdo para aceptar cargos por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado y falsedad material en documento público agravado. Todo esto, a cambio de beneficios, como la reducción de la pena.
Según el informe presentado por la Fiscalía y conocido por EL COLOMBIANO, los policías participaron en la elaboración de documentos falsos para justificar la solicitud de interceptaciones a las líneas telefónicas de Meza y Perea.
Los nombres de las mujeres fueron incluidos en un listado que, aparentemente, contenía los abonados telefónicos de peligrosos delincuentes, así lograron que la Fiscalía aprobara la interceptación de los teléfonos.
Además de admitir estos delitos, ambos firmaron un principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones. Este acuerdo les otorga inmunidad parcial, permitiéndoles colaborar como testigos en los futuros procesos penales que se derivan del caso. La Fiscalía espera que su testimonio sea clave para esclarecer las acciones y decisiones que llevaron a las interceptaciones ilegales.
En esa misma diligencia, la patrullera Danna Canizales expresó su arrepentimiento. Dijo que, con solo dos años de experiencia en la institución, había seguido órdenes de sus superiores sin cuestionarlas, creyendo que estaba realizando un trabajo honesto y conforme a la ley.
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