Escrito por:  Redacción Nación
Jun 24, 2024 - 8:06 am

Son muchos los temas por los que el país le pide celeridad a la fiscal general Luz Adriana Camargo, pero el nuevo escándalo de las chuzadas a magistrados de las altas cortes hace que la cabeza del ente acusador dé respuesta aún más rápido. Si las denuncias de los togados llegan a ser ciertas, es la democracia del país la que está en riesgo.

(Le interesa: Fiscalía abre investigación por posibles chuzadas a miembro de la Corte Constitucional)

El presidente Gustavo Petro respondió este lunes al escándalo asegurando que desde el primer día de su Gobierno ordenó a los organismos de inteligencia “no usarla contra la oposición, prensa o cortes”. Sin embargo, esta declaración parece no detener la ola de dudas que se desató y que sitúan a su administración, que reclama ser la “del cambio”, en el nivel de otros gobiernos que chuzaron a sus opositores.

“He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen”, escribió en X, y aseguró que en una inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) “se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada”. Y, de nuevo, apela al retrovisor: “Este gobierno no hace lo que si hicieron otros en el pasado”.

Resulta por lo menos desalentador saber, como lo afirma el presidente de la República, que los órganos de inteligencia del país no cuenten ni siquiera con aparatos para interceptar los servicios de telefonía privada. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad del Estado sin estas herramientas básicas?

Este lunes se reúne la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estrado y del Consejo Superior de la Judicatura. También asiste la fiscal Camargo y un representante de los empleados de la rama judicial.

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La Comisión abordará el tema de las denuncias de las chuzadas a los magistrados, y, con seguridad, le plantearán, como lo está haciendo todo el país, a la jefe del ente acusador la necesidad de avanzar con rapidez en la investigación para establecer la veracidad de los hechos e identificar a los responsables.

La Comisión de Disciplina Judicial también rechazo con contundencia cualquier acto de presión, intimidación o intervención ilegal contra la justicia, y, en este caso específico, contra los magistrados de la Corte Constitucional. El organismo hizo un llamado para que la Fiscalía establezca lo más pronto posible el origen y la responsabilidades en torno a este escándalo y pidió a todos los sectores garantizar la independencia y la seguridad de la Rama Judicial.

Pese a que el presidente Petro niega cualquier responsabilidad de su Gobierno en eventuales interceptaciones a las comunicaciones de los magistrados, el hecho denunciado representa una amenaza para el orden institucional y para la independencia de la Rama Judicial, dos distorsiones de la democracia hacia las que tiende abiertamente el mandatario.

Por eso, la capacidad y responsabilidad de la fiscal general Camargo será puesta a prueba con este escándalo, y deberá dar respuesta muy pronto. El bajo perfil que ha manejado hasta ahora la funcionaria, alejada de los medios de comunicación, deberá quedar atrás y mostrar resultados en un asunto tanto o más delicado que otros que reposan en su despacho, como el del hijo del mandatario Nicolás Petro.

Desde cuando la fiscal Camargo llegó al cargo, después de haber sido ternada por el presidente Petro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, le había mencionado el tema de las chuzadas.

Las palabras del jefe de Estado al respecto son muy importantes y dignas de credibilidad, pero deben ser las investigaciones judiciales las que le digan al país si los magistrados de las altas cortes están siendo chuzados o no.

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