"Cometió un delito": Zuleta, indignado con Petro, por lo que dijo sobre el niño Kevin Acosta
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El presidente Gustavo Petro sacó a la luz detalles de la historia clínica del menor fallecido para defenderse de las acusaciones de "asesinato".
La muerte de Kevin Acosta, el niño de 7 años que padecía hemofilia y falleció en Bogotá, ha pasado de ser una tragedia humanitaria a un campo de batalla político y legal. Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro decidió romper el silencio, pero sus palabras, en lugar de calmar las aguas, desataron una tormenta por la revelación de datos sensibles.
Petro intentó desmarcar al Gobierno de la responsabilidad, señalando que el menor murió tras un accidente en bicicleta y sugiriendo que hubo una presunta negligencia por parte de la madre al rechazar una cirugía. “Se le informa a la madre que hay que intervenir y sus riesgos, pero la madre no acepta. Hay informe del rechazo firmado”, afirmó el mandatario.
Las declaraciones no cayeron nada bien en el panel de Blu Radio. El periodista Felipe Zuleta arremetió contra el jefe de Estado, acusándolo de utilizar información privada para “lavarse las manos” frente a la denuncia de la madre, quien asegura que la Nueva EPS dejó de entregar el medicamento vital (Emicizumab) durante semanas.
“Esto es una canallada. Cometió un delito y por eso no salió a explicarlo el ministro Jaramillo, porque sabe que el competente es la Fiscalía. ¿Quién lo autorizó a hablar de la historia clínica del niño?“, cuestionó Zuleta con evidente indignación.
Mientras el presidente insiste en que el medicamento se entregó en Pitalito y que el problema fue la “incompetencia” de la EPS en los traslados, la familia de Kevin mantiene una versión distinta. Según la madre, el sistema de salud le falló a su hijo en el momento más crítico, dejándolo desprotegido ante la enfermedad que impide la coagulación de la sangre.
Petro se defendió de quienes tildan al Gobierno de “asesino” y ratificó que no mintieron sobre el accidente inicial. Sin embargo, para analistas y periodistas, el hecho de que un presidente use datos de una autopsia no oficial y actas de rechazo médico en un discurso público pone al Gobierno en una situación jurídica delicada.
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