Vice le armó pelea a periodista que reveló nexos de su esposo con 'Memo fantasma'

Marta Lucía Ramírez demandó por difamación al codirector de la reconocida organización InSight Crime, Jeremy McDermott, pero no ha salido como lo espera.

La funcionaria interpuso el recurso el pasado 2 de junio acusando a McDermott de dañar su integridad moral, buen nombre y afectar su dignidad por la publicación en la que reveló la conexión de la empresa inmobiliaria dirigida por Álvaro Rincón con el señalado narcotraficante.

El extenso artículo, titulado ‘Tras el Fantasma: los rastros de su dinero’, se divulgó el pasado 29 de marzo y muestra con documentos las relaciones de Rincón y Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo fantasma’, que también es acusado de nexos con paramilitares.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dio a conocer el caso este martes y a través de Natalie Southwick, coordinadora del Programa de América Central y del Sur del CPJ, señaló que Ramírez “debería retirar la demanda de difamación contra McDermott de inmediato”.

Además, señalan que el recurso de la vicepresidenta no detalla cómo fue afectada por la publicación del periodista, a quien Rincón le dio una entrevista en la admitió haber trabajado con León Acevedo, aunque aseguró desconocer sus actividades al margen de la ley.

Entre tanto, el periodista le dijo a la CPJ que la vicepresidenta tuvo varias oportunidades para darle respuestas a lo largo de los dos años que duró su investigación y que a ella no la vinculó con conductas ilícitas.

InSight Crime aseguró en Twitter que el CPJ ya “rechazó la demanda”, aunque el comité asegura que un fiscal invitó a Ramírez y McDermott a reunirse lo antes posible para conciliar las diferencias y evitar que la demanda continúe.

Mientras tanto, el periodista, que fue notificado el 24 de julio, asegura que tiene cómo respaldar su texto y que no emitirá ninguna retractación. Sin embargo, de ser declarado culpable del delito de injuria podría enfrentar entre 16 y 54 meses de prisión y una multa de hasta aproximadamente 375.000 pesos, según el artículo 220 del Código Penal de Colombia.

Entre tanto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia no tardó en responder y su director, Pedro Vaca, aseguró que “es gravísimo que quienes ostentan los cargos públicos que más escrutinio deben soportar en democracia usen el derecho penal para silenciar a la prensa” y apuntó que “los asesores jurídicos de la Vicepresidencia saben mucho de autoritarismo y poco de libertad de prensa”.

La FLIP añadió que eso “contraviene lo dispuesto por la Corte Constitucional en la en la sentencia C442/2011”, y también invitó a la vicepresidenta a retirar la demanda.