Valledupar apuesta por el futuro verde: así será la histórica concesión para salvar sus árboles y ríos

La reciente aprobación en primer debate por parte de la Comisión Segunda de Presupuesto del Concejo de Valledupar de un proyecto de acuerdo destinado a la creación de una “concesión verde” marca un hito en la gestión ambiental urbana de Colombia, consolidando a la ciudad como pionera en el manejo integral de sus zonas verdes y cuencas hídricas. Esta iniciativa propone la administración, conservación y ampliación de áreas verdes y la protección de recursos hídricos a través de un contrato de concesión de 16 años financiado con recursos municipales garantizados por vigencias futuras excepcionales, lo que representa una estrategia novedosa de articulación entre inversión pública y participación privada. Según información del Concejo de Valledupar y la Secretaría de Hacienda Municipal, este modelo busca dar respuesta a una problemática ambiental urbana que ha ido en aumento.

El panorama que da origen al proyecto es preocupante. Un censo forestal urbano realizado en 2021 por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo de Valledupar identificó 6.449 árboles afectados por comején, 12 infestados por parásitos y 103 ejemplares muertos, lo que evidencia un deterioro avanzado del arbolado urbano y la amenaza que esto representa para la calidad ambiental y la salud pública local. Esta situación urgió tanto a autoridades como a expertos ambientales a idear una solución estructural y sostenible, enfocada en revertir el daño ecológico y restaurar funcionalmente los ecosistemas urbanos [Artículo Original].

El plan financiero contempla una inversión de más de $234 mil millones provenientes principalmente de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) y un 1% de la tasa ambiental durante toda la vigencia del contrato (2026 a 2042). Dicha suma será administrada por un fondo especial adscrito a la Secretaría de Hacienda, que deberá ser auditado e incorporado a los presupuestos municipales periódicamente, generando un esquema de seguimiento que permite transparencia y control ciudadano [Secretaría de Hacienda Municipal].

En el plano técnico, el concesionario asumirá responsabilidades que van mucho más allá de la simple plantación de árboles. Entre las tareas centrales sobresale la redacción de un manual de silvicultura urbana, es decir, una guía experta que establecerá los parámetros de siembra y manejo de árboles y seleccionará las especies apropiadas para el clima local. Además, el contrato estipula el diagnóstico inicial del arbolado, la plantación de más de 9.500 nuevos árboles, la recuperación de ejemplares enfermos, el retiro seguro de árboles muertos y la ampliación de zonas verdes en más de 14.000 metros cuadrados, priorizando separadores viales y humedales estratégicos como María Camila, Eneal y Sicarare, junto con intervenciones en la ribera del río Guatapurí [Ministerio de Ambiente Colombia, 2024].

El impacto de esta concesión incluye la ejecución de tres estudios de calidad del aire durante la vida del contrato (2026, 2035 y 2041) para medir los efectos ambientales reales y ajustar las acciones conforme a los resultados obtenidos—una práctica alineada con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También implica la conservación de casi 2.000 hectáreas en la cuenca alta y media del río Guatapurí, zona crítica para la regulación hídrica y la biodiversidad de Valledupar [Instituto de Investigación Ambiental, Universidad Nacional de Colombia].

En cuanto a las implicaciones sociales, el modelo de concesión público-privada representa una innovación que podría sentar precedentes nacionales si se asegura una supervisión efectiva. La experiencia previa de Valledupar con concesiones como la gestión del catastro señala una tendencia a fortalecer alianzas con el sector privado como alternativa para optimizar servicios urbanos [Concejo de Valledupar, 2025]. El uso de especies nativas para la restauración es igualmente destacado por expertos y medios como El Espectador, quienes coinciden en que apostar por la biodiversidad local fortalece la resiliencia urbana y evita errores ecológicos del pasado.

A nivel socioeconómico, la mejora de la infraestructura verde repercute positivamente en el bienestar y la salud de los habitantes, puede estimular el ecoturismo y la educación ambiental, además de generar beneficios indirectos que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), incrementan la rentabilidad social de las ciudades a mediano y largo plazo [CEPAL, Informe 2023]. El reto ahora está en el desarrollo del segundo debate y la selección transparente de la firma concesionaria, factores clave para transformar esta ambiciosa hoja de ruta en logros concretos y sostenibles para Valledupar.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es exactamente un manual de silvicultura urbana y por qué es relevante en este proyecto?
El término “silvicultura urbana” hace referencia al estudio y aplicación de técnicas para el establecimiento, manejo y conservación del arbolado en entornos citadinos. Un manual de silvicultura urbana es un documento técnico que fija parámetros, define especies idóneas y detalla labores de mantenimiento específicas según las condiciones locales, garantizando que los árboles plantados puedan sobrevivir y prosperar pese a los retos de la vida urbana. La inclusión obligatoria de este manual en la concesión verde representa un avance fundamental hacia una gestión científica, profesional y planificada del arbolado urbano de Valledupar, previniendo errores del pasado que se generaron por falta de criterios claros y adaptados al contexto local.

¿Cómo influyen las concesiones prolongadas en la participación ciudadana y la transparencia?
Las concesiones extendidas en el tiempo implican riesgos, entre ellos la potencial disminución de control ciudadano y transparencia si los mecanismos de supervisión no son robustos o inclusivos. En el caso de Valledupar, la reglamentación prevé reportes periódicos al Concejo y la obligación de incorporar la gestión del fondo al presupuesto anual, medidas que buscan garantizar vigilancia constante y rendición de cuentas. Sin embargo, es crucial que los procesos de consulta e inclusión de comunidades locales se mantengan activos durante toda la vigencia de la concesión para evitar que la distancia temporal se traduzca en menor atención al interés público.