Las Cruces: promesa rota, millones perdidos y solo el 35% de una obra pública en dos años de espera

El contrato firmado entre la Alcaldía de Santa Fe y la Unión Temporal Cruces para construir un salón comunal en el barrio Las Cruces es un ejemplo representativo de las dificultades presentes en la gestión de obras públicas locales en Colombia. Suscrito el 19 de septiembre de 2022, el acuerdo contemplaba un plazo inicial de 8 meses y 6 días, y un presupuesto total —incluyendo una adición posterior de $833 millones— que suma $3.585 millones de pesos. Se esperaba que el proyecto estuviera finalizado en mayo de 2023. No obstante, a dos años de haberse pactado, solo el 35% de la obra se ha ejecutado, mientras que el 74% del dinero ya fue desembolsado, lo que pone en evidencia una disparidad significativa entre el avance físico y el uso de los recursos económicos, tal como reporta la Personería de Bogotá, que ha abierto una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución.

Este panorama revela una problemática estructural en el ámbito público colombiano y latinoamericano, documentada en diversas investigaciones. Según el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), los atrasos y sobrecostos suelen ser consecuencia de una insuficiente planificación, carencia de estudios técnicos sólidos y supervisión limitada, por lo que los contratos terminan afectándose antes incluso de su inicio formal. La declaración de Andrés Castro Franco, personero de Bogotá, subraya que en este caso los estudios previos existentes no fueron considerados durante la fase inicial de la obra, una omisión que favorece tanto la mala calidad de los proyectos como la posible desviación de fondos.

Problemas como este no se limitan al ámbito local ni a proyectos comunitarios. La Contraloría General de la República, en su Informe de Gestión 2024, señala que más del 40% de los contratos de infraestructura en el país sufre incumplimientos, afectando de manera negativa la eficiencia en el gasto público y la confianza ciudadana en las instituciones. Las consecuencias directas recaen en unas 13.000 personas de la comunidad de Las Cruces, quienes siguen esperando un espacio adecuado para la participación y el encuentro vecinal, así como un daño intangible a la percepción de legitimidad estatal y gobernanza.

La Personería, en respuesta a la situación, busca coordinar acciones con el Fondo de Desarrollo Local y la Secretaría de Gobierno para asegurar que la obra concluya, mediante mecanismos efectivos y transparentes. Especialistas de la administración territorial, citados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, reiteran que la transparencia, la auditoría continua y la inclusión de la ciudadanía son esenciales para evitar rezagos en proyectos públicos.

Asimismo, la opción de remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación, contemplada por la Personería, pone de manifiesto la relevancia de los controles cruzados y de la investigación rigurosa para combatir la corrupción y la negligencia. El Espectador y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), ambos citados en el artículo original, resaltan la importancia de estos procesos para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. Herramientas digitales como la plataforma NINA, impulsada por CLIP, han surgido como aliadas en este objetivo, ya que permiten analizar conexiones entre contratistas y detectar irregularidades en tiempo real, mejorando así el seguimiento periodístico y administrativo.

En conclusión, la experiencia frustrada en Las Cruces es reflejo de deficiencias sistémicas en la contratación pública y destaca la necesidad de reforzar la planificación, la transparencia y el control social en los procesos de inversión estatal, con el fin de lograr que los recursos asignados cumplan su cometido social y contribuyan al bienestar colectivo.

¿Por qué la transparencia y la supervisión son claves en la contratación pública?
En los procesos de contratación estatal, la falta de transparencia puede facilitar irregularidades y desviar recursos que deberían beneficiar a la comunidad. Los organismos de control y la veeduría ciudadana permiten que las fases del contrato —desde la planeación, pasando por la ejecución, hasta la entrega final— sean vigiladas de manera independiente. Esto no solo preserva la confianza y la legitimidad institucional, sino que ayuda a detectar y corregir fallas a tiempo, previniendo que los proyectos se conviertan en elefantes blancos y que los recursos públicos terminen sin impacto social efectivo. La supervisión técnica también asegura que las obras cumplan los estándares de calidad y los plazos acordados, evitando sobrecostos y retrabajos innecesarios.

¿Qué significa que una obra tenga "adición presupuestal"?
El término "adición presupuestal" hace referencia a la ampliación del monto inicialmente asignado a una obra pública o contrato, motivada por cambios en el alcance, imprevistos o errores en la etapa de planificación. En el caso del salón comunal de Las Cruces, la adición de $833 millones incrementó significativamente el presupuesto final. Este tipo de modificaciones son habituales en la administración pública, pero también pueden ser señales de inconsistencias en los estudios previos o de falta de previsión. De allí la importancia de que toda adición esté plenamente justificada y documentada para evitar suspicacias sobre corrupción, corrupción administrativa o negligencia en el uso del dinero público.