Recorte al presupuesto judicial en Colombia: ¿se pone en riesgo el acceso a la justicia en 2026?

La rama judicial en Colombia ha manifestado una honda preocupación ante los recientes recortes presupuestales anunciados para 2026 por el gobierno de Gustavo Petro. Esta inquietud se intensificó luego de una reunión celebrada el 22 de octubre, en la que los presidentes de las altas cortes, la Fiscalía General, junto a otras entidades judiciales, dialogaron con funcionarios del Ministerio de Hacienda. El objetivo de este encuentro era hallar soluciones que permitieran garantizar la operatividad del sistema judicial el próximo año, a pesar de los ajustes económicos propuestos.

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expuso ante el Ministerio de Hacienda su alarma por la nueva reducción de 695 mil millones de pesos colombianos (COP) en el presupuesto previsto para 2026. Este recorte, según la rama, se suma a una disminución anterior de COP 4,4 billones comparado con la solicitud inicial de COP 16 billones que se había presentado. La acumulación de estas reducciones representa, para los líderes de la justicia, un obstáculo significativo que no solo compromete el funcionamiento cotidiano, sino también el desarrollo de nuevos procesos claves.

Uno de los puntos centrales de la preocupación radica en el impacto sobre el pago de sentencias judiciales y en la viabilidad de crear nuevos cargos necesarios para la implementación de leyes recientes, como la Ley 2452 de 2025. Dicha normativa establece el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, además de poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria y Rural. Estos cambios legislativos requieren recursos adecuados para garantizar la correcta administración de justicia en áreas fundamentales para el país.

Durante el encuentro participaron actores clave del poder judicial, así como representantes del Ministerio de Hacienda, incluyendo al viceministro general Carlos Emilio Betancurt Galeano y la directora general del Presupuesto Público Nacional, Martha Hernández Arango. También estuvieron presentes los presidentes de las principales cortes y la Fiscal General de la Nación. La Comisión subrayó cómo el ajuste presupuestario afectaría desde servicios esenciales como aseo y vigilancia hasta la compra de equipos y otros bienes críticos para el funcionamiento institucional.

Asimismo, se enfatizó que los limitados recursos impedirían cumplir obligaciones como el pago de sentencias emitidas y dificultarían la puesta en marcha de servicios y juzgados requeridos por la nueva legislación laboral y rural. Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente de la Comisión Interinstitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, calificó el recorte como delicado, señalando que podría impedir la creación de juzgados laborales municipales y obstaculizar el fortalecimiento de la Rama Judicial.

Al finalizar la reunión, Vallejo Jaramillo expresó la esperanza de que el diálogo con el gobierno permita la conformación de mesas técnicas destinadas a identificar alternativas que incrementen el presupuesto para el año siguiente. Entre las posibles rutas está la revisión de la bonificación judicial, con un incremento del 5,85%, y la convocatoria a reuniones interministeriales para analizar la distribución de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). También se acordó la instalación de una mesa técnica para revisar y plantear soluciones al déficit presupuestal detectado para 2026.

Como señaló el presidente de la Comisión, el propósito fundamental es asegurar el fortalecimiento permanente de la Rama Judicial, consolidando así el Estado Social de Derecho en Colombia. La expectativa es que estas acciones conjuntas contribuyan a solventar las dificultades financieras, permitiendo que la justicia mantenga su compromiso con la ciudadanía.

¿Qué implicaciones tendría para la ciudadanía el recorte presupuestal a la rama judicial?

El recorte presupuestal propuesto para la rama judicial no solo afecta a las instituciones y sus funcionarios, sino que también impacta directamente a la ciudadanía colombiana. Sin los recursos suficientes, servicios básicos como la atención en sedes judiciales, el mantenimiento de infraestructura o la provisión de equipos pueden verse limitados, afectando la eficiencia y calidad de la administración de justicia.

Además, la falta de recursos podría traducirse en retrasos en la creación de nuevos juzgados, como los laborales municipales, dificultando el acceso oportuno a la justicia, especialmente para personas en zonas apartadas o con menos recursos. El cumplimiento de sentencias, el avance de reformas legales y el fortalecimiento institucional dependen en buena medida de la disponibilidad presupuestal, por lo que la estabilidad financiera de la rama judicial es crucial para el correcto funcionamiento de la sociedad y el amparo de los derechos fundamentales.