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Este jueves 15 de mayo, el presidente de ese alto tribunal dio un paso importante para determinar si el trámite de la iniciativa se hizo de manera correcta.
El proceso de revisión de la reforma pensional, una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro, ha entrado en una fase decisiva en la Corte Constitucional.
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El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente del alto tribunal, presentó este 15 de mayo de 2025 la ponencia de fallo sobre la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, según recogió revista Caracol Radio.
Con la radicación de este documento, se espera que el análisis al interior del tribunal comience a finales de mayo o inicios de junio. Los nueve magistrados deberán deliberar si el trámite de la reforma en el Congreso cumplió con todos los requisitos legales y constitucionales, o si, como alega la demandante, se presentaron irregularidades en el proceso legislativo.
El debate captará la atención nacional debido a las posibles repercusiones que tendría la reforma, no solo sobre el sistema pensional, sino sobre la institucionalidad democrática del país. La demanda de la senadora Valencia se enfoca particularmente en si se omitieron debates esenciales en la Cámara de Representantes, como exige la ley para cualquier transformación estructural.
Durante el proceso, han surgido varios elementos clave. El primer concepto técnico fue emitido por la Procuraduría General de la Nación cuando Margarita Cabello ocupaba el cargo. En ese documento, el órgano de control recomendaba declarar inconstitucional la reforma. Sin embargo, con la salida de Cabello, dicho concepto quedó sin efecto.
Posteriormente, tras el nombramiento de Gregorio Eljach —candidato afín al presidente Petro— como nuevo procurador, la Corte solicitó un nuevo concepto. De forma inesperada, la Procuraduría cambió su postura inicial y concluyó que no existieron fallas de procedimiento que representaran una violación a la Constitución. Según información de Semana, ese segundo informe habría sido elaborado por Néstor Osuna, exministro de Justicia y actual procurador delegado para los Derechos Humanos.
Otro punto crítico en el estudio de la reforma son los señalamientos por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con la Corte Suprema, se investiga si los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, recibieron alrededor de 4.000 millones de pesos para facilitar el avance de proyectos del Gobierno, incluida la reforma pensional. Estos hechos han generado una fuerte controversia pública y añaden complejidad al proceso de decisión que enfrenta la Corte Constitucional.
La Corte se prepara así para tomar una decisión trascendental no solo para la política social del país, sino para la legitimidad de los procesos legislativos en Colombia. El resultado del análisis establecerá un precedente clave en el ejercicio del control constitucional sobre reformas de gran calado, y marcará el rumbo del debate político y jurídico en los próximos meses.
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