Colombia le dice adiós a las corridas de toros: ¿inicio de una nueva era cultural y económica?

El fallo reciente de la Corte Constitucional de Colombia, que declaró ajustada a la Constitución la ley que prohíbe las corridas de toros y otras prácticas similares, representa un punto de inflexión social y cultural. Esta normativa, aprobada en mayo de 2024 y avalada el 4 de septiembre, va más allá de los toros e incluye otras manifestaciones como las peleas de gallos, coleo, rejoneo, novilladas, becerradas, tientas, corralejas y toros coleados, abarcando un espectro amplio de espectáculos ecuestres y taurinos que, por décadas, han formado parte importante de la identidad festiva en diversas regiones del país. El propósito, enmarcado bajo principios de respeto y bienestar animal, atiende al reclamo de movimientos conservacionistas que consideran estos eventos formas de maltrato hacia los animales, según lo documentado en la fuente original.

Sin embargo, el impacto de este cambio trasciende los límites legales. En ciudades como Manizales, reconocida como uno de los centros neurálgicos de la cultura taurina en Colombia, la administración local ha advertido que la eliminación de estas actividades provocará un “golpe importante” para sectores económicos y numerosas familias cuya subsistencia depende tradicionalmente de la llamada fiesta brava. Las autoridades municipales han sido claras en señalar que no cuentan con recursos suficientes para llevar a cabo la reconversión económica necesaria y que esta labor recae ahora en el gobierno nacional, principal promotor de la ley junto a congresistas vinculados al partido de Gobierno.

El reto de ofrecer una transición económica justa es significativo y ha sido subrayado por la Fundación Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), que insiste en la necesidad de un compromiso estatal amplio. Esta transición debe incluir capacitación laboral, oportunidades en nuevos sectores y respaldo en alternativas como el desarrollo de turismo cultural y festivales que no implique el uso de animales. La alcaldía de Manizales, por ejemplo, planea fortalecer festivales y eventos musicales como estrategia para conservar la vitalidad turística de la ciudad, imitando recomendaciones de expertos en desarrollo local.

La experiencia internacional resulta relevante en este escenario. De acuerdo con el análisis presentado por la Universidad Nacional de Colombia y estudios de casos en España y México, prohibiciones de este tipo producen beneficios para la protección animal, pero pueden implicar grandes desafíos sociales si la reconversión económica no es efectiva y transversal, integrando componentes de educación, apoyos temporales y alternativas de ingreso para quienes dejan atrás oficios tradicionales.

Desde el enfoque jurídico, la Corte Constitucional sostiene que la medida busca forjar una transformación cultural fundada en el respeto a la vida animal, alineándose con estándares de derechos y bienestar animal promovidos por la Organización Mundial de la Salud y tratados internacionales ratificados por Colombia. A la vez, la Corte reconoce la obligación de los gobiernos locales y nacionales de adoptar medidas que mitiguen los impactos negativos en los sectores más afectados, solicitando una respuesta coordinada y participativa para lograr una adaptación social sostenible.

En el corto plazo, la dinámica de numerosas comunidades cambiará de forma irreversible. Según lo exponen informes de organismos especializados y el análisis de la Universidad Nacional de Colombia, el éxito de la nueva ley dependerá de la capacidad de articular políticas y recursos que sustenten la transición, de modo que el avance legal se traduzca también en progreso social y económico tangible, más allá del simbolismo normativo.

¿Qué alternativas tienen las familias afectadas para reconvertir su economía? El contexto de la prohibición evidencia la urgencia de alternativas económicas sostenibles para quienes vivían de los espectáculos ahora prohibidos. Las propuestas oficiales y académicas insisten en impulsar la formación laboral y la creación de empleos en nuevos campos, como el turismo cultural o la organización de festivales y ferias que no impliquen sufrimiento animal. La posibilidad de acceder a subsidios temporales y apoyo estatal en el periodo de ajustes es igualmente considerada clave por la Universidad Nacional de Colombia y la IFAW. Lograr una reconversión exitosa requerirá, en consecuencia, de políticas públicas incluyentes y bien financidas, además del acompañamiento continuo a las comunidades involucradas.

¿Qué significa la “transformación cultural” mencionada por la Corte Constitucional? La expresión “transformación cultural”, usada en el fallo de la Corte, implica el tránsito de un país donde ciertas tradiciones basadas en el espectáculo con animales eran socialmente aceptadas, a un nuevo paradigma que prioriza el respeto por la vida y dignidad animal, siguiendo estándares internacionales. Esta transformación no solo es normativa, sino que requiere de acciones educativas y comunicativas para generar cambios de mentalidad en la sociedad. El fallo coloca a Colombia en una senda de cambios profundos, donde el reconocimiento jurídico de los derechos animales debe ir acompañado de la construcción de consensos sociales y de nuevas formas de fiesta y convivencia cultural.