Procuraduría abre investigación a ministra Abudinen, que se queja de “matoneo” en redes

La información la divulgó la Procuraduría General a través de sus redes sociales, este lunes, y dijo que se trata de una “investigación formal” contra la ministra Karen Abudinen.

El objetivo de este proceso disciplinario, según el organismo, es “determinar responsabilidades” por las irregularidades que rodean el contrato que se firmó entre el Ministerio de las TIC y el consocio Centros Poblados, cuyo fin era el de instalar unos 7.000 puntos de Internet para colegios en zonas alejadas en el país.

Procuraduría no entregó más detalles de esta decisión, pues la dejó como “noticia en desarrollo”, pero luego detalló en un comunicado que busca establecer cuál es la responsabilidad de Abudinen en este caso y si se cometió alguna irregularidad con la firma a la que le adjudicaron el millonario contrato.

Además, dijo que por instrucción de la Sala Disciplinaria se ordenó “la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad” en relación con el contrato suscrito.

Como desde el Ministerio se entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos y el dinero presuntamente está embolatado, la ministra Abudinen se defendió durante el debate de moción de censura en la Cámara y aseguró que su cartera está trabajando para recuperar ese dinero.

Esto, pese a que El Tiempo reveló que con parte de ese dinero se habría negociado un apartamento en Miami, pues dijo que esto se descubrió luego de verificar los movimientos bancarios de una de las empresas involucradas.

No obstante, la funcionaria se desmarcó ante el Congreso y dijo que no fue ella la que se “robó esa plata”. “Mi responsabilidad política en este momento consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del ministerio”, argumentó Abudinen, al tiempo que descartó cualquier intención de renunciar a su cargo.

En medio del anuncio de la Procuraduría sobre el inicio de una investigación formal, la ministra se pronunció en su Twitter para denunciar un “matoneo digital”, y lo atribuyó a una “consecuencia de caducarle a la UT Centros Poblados” el contrato que tenía.