La mañana de este martes 4 de junio, un grupo de aproximadamente 30 personas, representantes de comunidades indígenas y campesinas, se tomaron la sede de la Nunciatura Apostólica, en la localidad de Teusaquillo, para exigirle al Gobierno Nacional garantías de seguridad en sus territorios.

Aproximadamente a las 9:00 a.m. el grupo de personas que portan bastones de mando y cubriendo sus rostros, ingresaron a la Nunciatura con el fin de instalar un “refugio humanitario como parte de la Movilización Nacional por la Vida y por la permanencia en los territorios”, según indicó el Congreso de los Pueblos, organización social que agrupa a las comunidades que hoy se encuentran protestando.

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Tras la irrupción, en la zona se encuentran funcionarios de la policía y el Distrito buscando mediar la situación para evitar que la situación escale y se presenten vías de hecho.

¿Por qué protestan?

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el Congreso de los Pueblos, comunidades campesinas, pueblos afro e indígenas, trabajadores y trabajadoras, mujeres, jóvenes, estudiantes, sectores populares urbanos, defensores de DDHH, ambientalistas, entre otros, se movilizan a lo largo y ancho del país durante este 4 de junio, con el objetivo de denunciar “la arremetida genocida paramilitar (…) situación que constituye una amenaza estratégica contra el movimiento social y popular, particularmente contra nuestro movimiento social y político, razón por la cual nos hemos declarado en Emergencia Humanitaria desde abril de 2019″, señala la organización en un comunicado de prensa.

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El Espectador habló en entrevista con Daniel Salguero, secretario técnico de Congreso de los Pueblos, y detalló que llegaron a la ciudad este lunes festivo 3 de junio, provenientes de distintos lugares como el César, Magdalena Medio, Cauca, Noreste de Antioquia, el Eje Cafetero, entre otros lugares.

“Estamos dispuestos a quedarnos las semanas o los meses que sean necesarios hasta que se cumpla el pliego de peticiones que estamos presentándole al Ministerio del Interior”.

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Sobre hechos de presencia paramilitar en la capital, Salguero denunció que han venido apareciendo panfletos en Suba, Ciudad Bolívar y Usme de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), amenazando a líderes sociales. “Nos vemos amenazados tanto en Bogotá como en el territorio por estas estructuras paramilitares, pero también ha habido estigmatización y la violencia que se ha ejercido contra el Congreso de los Pueblos”.

Este es el pliego de exigencias

En el marco de la jornada nacional de protestas, las comunidades publicaron un pliego de exigencias y negociación que recoge el sentir de las comunidades afectadas. En ese sentido, el grueso de las peticiones giran en torno a:

• Cambio en la doctrina de seguridad nacional basada en el enemigo interno, por una doctrina en la que prime el respeto por los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y el enfoque de género.
• Desmonte de toda forma de paramilitarismo

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• Desestructuración de los componentes económicos que lo financian
• Reconocimiento público por parte del gobierno de la existencia de una estrategia paramilitar a nivel nacional en contra del movimiento popular
• Suspensión inmediata de toda pretensión de reconocimiento político como tercer actor de las estructuras paramilitares que pretenden diálogos regionales, socio jurídicos o políticos.