Policía se tomó sede de la Nueva EPS en Bogotá: uniformados llegaron con una orden de arresto

La orden provenía de un juzgado de Yarumal (Antioquia) debido al desacato de una tutela relacionada con la atención de un paciente, detalló El Tiempo al respecto.

Sin embargo, funcionarios de la EPS informaron a los agentes que Polanía había renunciado y que su reemplazo era Aldemar Casadiego, lo que generó confusión sobre su verdadera situación laboral.

Pese a ello, la Policía sostiene que la orden sigue vigente y que Polanía enfrenta más de 400 órdenes de arresto por incumplimientos similares de fallos judiciales, destaca ese diario.

César Franco, gerente de servicios compartidos de la EPS, aseguró que se trató de un malentendido, pues la orden correspondería al anterior interventor, Bernardo Camacho, quien ya no trabaja allí, añade ese rotativo.

El caso ha suscitado cuestionamientos sobre si hubo una maniobra para evitar la captura de Polanía y sobre la grave situación de los pacientes, dado que las tutelas incumplidas afectan directamente su derecho a la salud.

Mientras tanto, la Nueva EPS negó que esté en proceso de liquidación y reiteró que continúa operando con normalidad.

Por qué las EPS están en crisis en Colombia

La crisis de las EPS en Colombia se debe a una combinación de problemas financieros, administrativos y estructurales del sistema de salud.

Desde hace años, las EPS enfrentan deudas millonarias con hospitales y clínicas, causadas por retrasos en los giros del Estado, altos costos de atención y el aumento de tutelas por servicios no cubiertos o negados.

Esto ha generado desfinanciamiento y dificultades para garantizar la atención oportuna a los pacientes. A ello se suma la corrupción y la mala gestión en varias entidades, donde se han detectado sobrecostos, desvío de recursos y falta de control sobre los contratos con prestadores de salud.

Además, la creciente demanda de servicios por envejecimiento de la población, enfermedades crónicas y migración ha incrementado la presión sobre un sistema que ya operaba al límite.

Las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, orientadas a cambiar el modelo de intermediación de las EPS, han generado incertidumbre y resistencia en el sector.

Todo esto ha desembocado en demoras en tratamientos, cierre de clínicas y desconfianza de los ciudadanos. En síntesis, la crisis refleja un sistema saturado, con problemas financieros profundos y una débil gestión que afecta directamente el derecho a la salud.