Revelan qué habría detrás del asesinato de guardias del Inpec en Colombia: van 4

Cuatro funcionarios del Inpec fueron asesinados en dos semanas, en una ola violenta que tendría origen en las cárceles del país.

Una nueva oleada de violencia golpea al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Cuatro funcionarios fueron asesinados entre el 3 y el 7 de octubre en Bogotá, Cali y Palmira, en hechos que las autoridades asocian con un plan pistola orquestado desde las cárceles del país.

El primer ataque ocurrió el 3 de octubre, cuando el dragoneante Miguel Ángel Muñoz fue baleado frente a la cárcel La Modelo, en Bogotá. Días después, los guardias Manuel Becerra y Jimmy Flores, así como el médico Julián Campos, también fueron asesinados. Los crímenes encendieron las alarmas sobre una ofensiva criminal dirigida contra el cuerpo de custodia del Inpec.

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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, condenó los hechos y aseguró que el Estado responderá con firmeza. “Los violentos deben saber que estos crímenes no quedarán en la impunidad”, dijo el funcionario. El balance de este año es preocupante: ocho funcionarios asesinados, una cifra cercana a la de 2024, cuando se reportaron diez.

La estructura criminal que estaría detrás de asesinatos a funcionarios del Inpec

De acuerdo con El Tiempo, la principal hipótesis de las autoridades es que las agresiones están vinculadas a la estructura ilegal conocida como Mago (Muerte a Guardianes Opresores), un grupo con presencia en varias cárceles y vínculos con organizaciones como ‘La Inmaculada’, el ‘Clan del Golfo’ y el ‘Tren de Aragua’. La investigación apunta a que las órdenes se estarían impartiendo desde los propios centros penitenciarios.

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Uno de los nombres señalados es el de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de ‘La Inmaculada’. Aunque se le vincula con Mago, busca interlocución con el Gobierno en gestos de paz, mediado por la senadora María Isabel Zuleta.

La situación llevó al Inpec a restringir las visitas en las cárceles de Bogotá y del Valle del Cauca, y a permitir el porte voluntario de armas entre sus funcionarios. Según fuentes de inteligencia citadas por El Tiempo, los ataques responden a represalias por controles en las prisiones y a conflictos derivados de redes de corrupción internas.

Desde 2018, la Fiscalía ha registrado 72 homicidios de personal del Inpec. El Valle del Cauca encabeza la lista de regiones más peligrosas, seguido de Antioquia y Norte de Santander. Los sindicatos del Inpec denuncian que el Estado no ha ofrecido garantías efectivas de seguridad y que las medidas han sido “insuficientes e ineficaces”, según declaraciones recogidas por el medio citado.

El debate sobre la estructura del Inpec se reavivó. Generales retirados consultados por el medio coincidieron en que la institución está desbordada y requiere una transformación profunda. Algunos plantean incluso su eliminación y la creación de una entidad con un nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Este año ya van 275 denuncias de intimidaciones, y varios funcionarios han sobrevivido a ataques a bala.