Bogotá
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Semana reveló que, en su investigación sobre más interceptaciones ilegales, que Nick Casey quedó en la mira de la institución al ponerla al descubierto.
“Esta especie de espionaje informático ocurrió entre febrero y comienzos de diciembre de 2019, cuando comandaba el Ejército el general Nicacio Martínez“, puntualizó la revista.
Por eso, difundió la revista, luego de que en mayo de 2019 el corresponsal del New York Times publicara un artículo sobre unos formatos que los comandantes distribuían en los batallones para aumentar el número de bajas, lo que se interpretó como el regreso de los ‘falsos positivos’, “los militares comenzaron a recolectar información sobre él”.
Son muy detallados los datos que aparecen en la carpeta de Casey. La revista mostró varias infografías que incluyen toda su información personal, desde su lugar de nacimiento hasta su historial laboral, académico y las personas que lo siguen en redes sociales.
También hay otro aparte titulado “contactos de mayor interacción”, que lo lidera su editor en el diario estadounidense y otros colegas, y están los de “mayor relación” como sus allegados personales y familiares; mientras que en la sección de los contactos de partidos políticos aparecen ‘Pastor Alape’ y ‘Carlos Antonio Lozada’, miembros del partido Farc.
Incluso, hay otra hoja en la que “está Casey en el centro de una hoja y una serie de líneas que señalan a sus posibles fuentes”, añade Semana, que cita comentarios sobre el periodista que encontró en esas carpetas como: “Tiene acceso y contactos directos con las Gaor (grupos armados organizados residuales)…, tiene acceso a zonas de influencia de Farc, su enlace para ingresar es…”.
Pero uno de los uniformados que contribuyó al informe de la revista es que la orden de seguir y recolectar toda la información que se pudiera sobre él se dio porque los altos mandos consideraban: “Estaba atacando a la institución y, en particular, a mi general Martínez. Había que averiguar con quién habló para eso y, además, conseguir elementos para tratar de desprestigiarlo a él y al medio”.
¿Cómo quisieron hicieron? La fuente le dijo a Semana:
“Eso se hizo con unos portales”. […] Rozo fue uno de los encargados de pagarle, entre otros, a un supuesto periodista muy conocido por tener procesos judiciales por golpear mujeres, para que publicara cosas falsas, amañadas, sacadas de esos perfiles”.
La reacción desde el prestigioso diario no se hizo esperar y Danielle Rhoades Ha, vicepresidenta de comunicaciones en The New York Times Company, mostró ante Semana su preocupación por esos actos que buscan “intimidar a la prensa y a sus fuentes, y de restringir informes que el público tiene derecho a conocer”.
Justamente, la fuente militar de la revista señaló:
“A los norteamericanos no les va a gustar que parte de su propia plata, de los contribuyentes, como dicen ellos, se haya desviado de los fines legítimos para la que la entregaron, la lucha contra terrorismo y narcotráfico, y terminara usada para escarbar la vida de periodistas de importantes medios de su propio país. Eso va a ser un lío”.
Y el problema será mayor, pues uno de los encargados de ese trabajo reconoció que al conectar las redes cercanas a Casey terminaron incluyendo a otros periodistas estadounidenses en sus seguimientos ilegales.
Entre ellos están Juan Forero, “que desde hace muchos años ha cubierto Colombia y el área andina para medios como The Washington Post, y en la actualidad trabaja para The Wall Street Journal”, y Lynsey Addario, “reconocida fotoperiodista cuyos trabajos han salido en Time y otros medios”, a quien se le encontró una carpeta denominada ‘trabajo especial’.
A ellos se le suman el fotógrafo independiente Stephen Ferry y John Otis, corresponsal en América Latina de National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés).
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