"Golpe de Estado": ocho partidos se unieron para rechazar la consulta popular por decreto

El presidente Gustavo Petro causó una fuerte reacción en el escenario político nacional al anunciar que convocará una consulta popular para su reforma laboral a través de un decreto.

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Esta medida, lejos de pasar desapercibida, ha cohesionado a ocho colectividades que tradicionalmente han mantenido posturas diversas, pero que hoy presentan un frente común de rechazo.

Partidos políticos que están en contra la consulta popular por decreto

Las colectividades que firmaron el comunicado de rechazo son:

• Partido Liberal

• Cambio Radical

• Centro Democrático

• Partido Conservador

• MIRA

• Colombia Justa Libres

• Partido de la U

• Partido ASI

Esta unión fue liderada por el expresidente César Gaviria, quien encabeza el Partido Liberal y se ha consolidado como uno de los principales críticos del actual gobierno.

Según informó la revista Semana, los líderes de estos partidos coincidieron en la necesidad de pronunciarse públicamente y alertar sobre lo que consideran un quiebre del orden constitucional.

En el comunicado, los partidos instan a instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales a ejercer su labor bajo los principios de independencia y legalidad, respetando los lineamientos de la Constitución.

Se hizo especial énfasis en la solicitud al Registrador Nacional, a quien le pidieron actuar con absoluta autonomía y verificar la constitucionalidad y legitimidad de cualquier decreto que convoque una consulta, antes de avanzar en la organización de comicios.

El principal argumento de estas colectividades es que la decisión del mandatario pretende pasar por alto los mecanismos democráticos establecidos en el Congreso de la República. Subrayan que recurrir a una consulta popular cuando la reforma laboral ya ha avanzado hasta el tercer debate en el Senado representa un desconocimiento del papel deliberativo y representativo del Legislativo.

Implicaciones constitucionales de una consulta por decreto

Desde la óptica de los partidos que suscribieron el pronunciamiento, la decisión del presidente Petro amenaza la separación de poderes y la autonomía del Congreso. Argumentan que esta acción implica la imposición de una agenda política sin considerar el diálogo y el trámite legislativo, lo que, de acuerdo con su comunicado, deteriora la institucionalidad del país.

El comunicado también señala que el Congreso ha mostrado disposición al debate, pese a las presiones y críticas, y que las discusiones sobre las reformas deben darse dentro del marco legal y democrático, donde todas las posiciones políticas tengan voz y se escuchen los matices de cada bancada.

El plan del presidente es expedir el decreto en los próximos días e iniciar el proceso ante la Corte Constitucional para que este alto tribunal haga el control respectivo sobre la legalidad de la convocatoria.

Por su parte, Armando Benedetti, ministro del Interior, anunció que la consulta podría llevarse a cabo entre finales de julio y principios de agosto, dependiendo de la evolución del trámite.