Paro nacional del SENA: ¿se frena la educación técnica en Colombia? Razones, impacto y lo que podría pasar

El anuncio del posible paro nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), programado para comenzar el 7 de octubre de 2025, representa un nuevo episodio en una larga cadena de protestas que han impactado al sector educativo en el Eje Cafetero y otras regiones de Colombia. Esta jornada de cese de actividades ha sido convocada por el Sindicato de Empleados Públicos del SENA (Sindesena), que agrupa a casi 4.000 miembros y denuncia graves problemas persistentes. Entre las principales quejas, destacan el incumplimiento reiterado de acuerdos previos, la falta de inversión adecuada en infraestructura, la insuficiencia en la formación profesional y la existencia de conflictos sostenidos en la gobernanza institucional. Estos aspectos, según ha señalado el sindicato, llevan meses sin una solución sustantiva, a pesar de repetidas reuniones con la alta dirección de la entidad, según información original.

El núcleo del reclamo sindical gira en torno a lo que consideran una “baja ejecución presupuestal”, demoras constantes en la adquisición de materiales, ausencia de elementos de protección para los aprendices y deficiencias notorias en el mantenimiento de las sedes. A esto se suma una rotación irregular y politizada de directivos, que afecta la estabilidad institucional. Sindesena ha enfatizado que, tras múltiples encuentros oficiales en los casi tres últimos años, los problemas persisten sin una gestión eficaz, evidenciando una crisis de gobernabilidad que toca tanto la calidad educativa como el ambiente laboral, según el documento base.

En este contexto, resulta relevante recordar el papel estratégico del SENA como motor de la formación técnica y tecnológica gratuita en el país. El Ministerio del Trabajo, en su reciente rendición de cuentas, destacó que la entidad ofrece cerca de 8,7 millones de cupos en Formación Profesional Integral, con una participación femenina del 59% y acceso ampliado para poblaciones indígenas, afrocolombianas y personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, estas cifras positivas contrastan con las dificultades diarias que afrontan aprendices y trabajadores, poniendo en evidencia la distancia entre la proyección social del SENA y su realidad operativa.

Expertos en educación y gestión pública, citados por el Centro Latinoamericano de Investigación en Políticas Educativas, advierten que los problemas de la entidad van más allá de lo administrativo, reflejando desafíos crónicos relacionados con financiación, rediseño institucional y polarización política. La Contraloría General de la República también ha alertado sobre la baja confianza en los informes y datos administrativos presentados por el SENA, generando dudas en torno a la transparencia y eficiencia interna, de acuerdo con informes consultados.

Frente a estas críticas, la administración del SENA, encabezada por el director Jorge Eduardo Londoño Ulloa, ha subrayado avances como la reivindicación del carácter laboral de los contratos de aprendizaje para 400 mil aprendices, una medida que, según el Ministerio del Trabajo, refuerza los mecanismos de inserción laboral juvenil. Sin embargo, este logro no ha sido suficiente para disipar las preocupaciones sobre aspectos fundamentales aún no resueltos. La negativa a permitir la inclusión de actores externos garantes en la mesa de diálogo, argumentando la cercanía a las elecciones regionales, podría alargar el conflicto, incrementando la desconfianza entre las partes, según lo presentado en la fuente original.

En el ámbito latinoamericano, la recurrencia de movilizaciones similares ha evidenciado patrones comunes de conflictividad en centros de formación técnica, donde el estancamiento presupuestal y la politización obstaculizan la innovación y la calidad educativa. Casos analizados por la Universidad Nacional de Colombia y reseñados en medios internacionales como BBC Mundo exponen que la falta de inversión estable y la fragilidad en la gestión institucional se traducen en crisis similares, con consecuencias para la empleabilidad y la competitividad.

En este escenario, la posibilidad de un paro indefinido no solo impactaría a los estudiantes y trabajadores, sino que podría afectar a sectores productivos que dependen del capital humano egresado del SENA. Esta coyuntura plantea la urgencia de reformas estructurales que garanticen eficiencia, transparencia y equidad en la formación técnica y tecnológica, condición indispensable para responder a las demandas de una economía dinámica y globalizada.

¿Por qué el paro del SENA podría afectar a la economía colombiana?
La inquietud sobre el impacto económico del paro del SENA es fundamental debido al papel de la entidad en la preparación de personal técnico y tecnológico para sectores productivos clave. La interrupción prolongada de sus servicios podría traducirse en retrasos en la formación de mano de obra capacitada, afectando directamente a empresas y emprendimientos que dependen del talento proveniente de esta institución. Además, estos retrasos pueden disminuir la innovación, afectar la productividad y debilitar la competitividad nacional en contextos cada vez más exigentes.

La relevancia de esta pregunta también radica en que muchas industrias han estructurado procesos de contratación y formación interna en función de los egresados del SENA, puesto que la entidad facilita la transición entre la educación y el empleo formal. Por tanto, cualquier afectación significativa en su operación repercute en el tejido económico y puede generar incertidumbre para empleadores y jóvenes en búsqueda de oportunidades.

¿Qué significa el “contrato de aprendizaje” en el SENA?
El contrato de aprendizaje es un acuerdo laboral especial que vincula a los aprendices del SENA con empresas o entidades, para que los jóvenes puedan desarrollar sus prácticas formativas dentro de un entorno productivo real. Según lo expuesto por la dirección del SENA y el Ministerio del Trabajo, este contrato otorga derechos laborales plenos a los aprendices, favoreciendo su protección y su inserción en el ámbito laboral.

El significado de este contrato resulta relevante porque constituye una vía de integración entre educación y empleo, dando a los jóvenes mayores posibilidades de encontrar trabajo formal al finalizar su proceso formativo. La política del contrato de aprendizaje ha sido reconocida como una herramienta clave para promover la empleabilidad juvenil, especialmente en contextos de alta competencia laboral y transformación tecnológica.