ONU hizo llamado a Gobierno De la Espriella por recorte que tiene entre manos: "Es fundamental"

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, envió el mensaje por recursos para JEP y Unidad de Búsqueda.

Así como desde Estados Unidos hubo una medida radical contra una senadora, otro protagonista a nivel internacional sorprendió con un mensaje clave para el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado este lunes para asegurar la financiación necesaria para garantizar la labor continuada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Colombia.

La declaración de la ONU coincidió con los debates del Presupuesto General de la Nación para 2027, propuesta que proyecta un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos al Sistema Integral para la Paz.

Luego de superar la primera votación en las comisiones económicas del Congreso, la iniciativa legislativa avanzará hacia su discusión definitiva en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.

Frente a este escenario financiero, la organización subrayó el desempeño trascendental de la Jurisdicción Especial para la Paz junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en los procesos de reparación.

Asimismo, Türk valoró la apuesta del país en materia de justicia restaurativa, calificando estos mecanismos derivados del Acuerdo de Paz como piezas clave en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto.

“Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, afirmó el Alto Comisionado.

Adicionalmente, el máximo representante de los derechos humanos en las Naciones Unidas reconoció los avances tangibles logrados en las labores restaurativas que actualmente se ejecutan dentro del territorio nacional.

Türk calificó las medidas restaurativas relacionadas con el conflicto armado que ya están en marcha como “un logro mundial para la justicia transicional“.

Entre las iniciativas destacadas sobresale el trabajo coordinado en el cementerio San Antonio de Padua, situado en Pitalito, Huila, donde excombatientes de las Farc-EP colaboran junto a exintegrantes del Ejército Nacional.

Esta labor conjunta busca ubicar y recuperar los restos de ciudadanos desaparecidos para facilitar su posterior identificación genocida y permitir la entrega digna a sus respectivos núcleos familiares.

Naciones Unidas enfatizó que estas acciones comunitarias se enmarcan en las sanciones restaurativas definidas por la arquitectura institucional de la justicia transicional colombiana.

Según la visión de Türk, la cooperación activa entre antiguos contendientes militares constituye un aporte invalidable para sanar a las familias damnificadas y revelar la verdad histórica del enfrentamiento armado.

“Las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional”, señaló.

Finalmente, el alto funcionario internacional advirtió que estas acciones no deben verse como iniciativas aisladas, sino como pilares esenciales de un sistema integral que requiere recursos constantes para sostenerse.

¿Qué propone Gobierno De la Espriella con la JEP y la UBPD?

El Gobierno De La Espriella plantea una reestructuración fiscal del Sistema Integral para la Paz en Colombia, que impacta de forma directa sus finanzas.

Dentro del proyecto del Presupuesto General de la Nación, la administración central propone una disminución de 170.000 millones de pesos para estas instituciones de justicia transicional.

Esta reducción presupuestal afecta las partidas asignadas a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

La propuesta gubernamental busca optimizar el gasto público del Estado, reorientando recursos hacia otras prioridades económicas y proyectos de inversión social e infraestructura nacional.

Frente a la JEP, el Ejecutivo promueve acelerar el cierre gradual de los macrocasos judiciales para evitar la prolongación indefinida de las investigaciones y los procesos penales.

El Gobierno sostiene que la entidad debe concentrar sus esfuerzos en emitir sentencias definitivas sobre los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En cuanto a la UBPD, la administración plantea integrar sus esfuerzos operativos con otras dependencias estatales para evitar la duplicidad de funciones en la búsqueda de personas.

Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron inicialmente estos ajustes financieros, enviando el debate legislativo hacia las plenarias de Senado y Cámara.

Diversos organismos internacionales y defensores de derechos humanos insisten en garantizar fondos suficientes para asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación.

El debate parlamentario sobre la financiación estatal definirá el alcance operativo de estos organismos durante los próximos años de gestión gubernamental en el país.