Nicolás Petro probaría que el presidente conocía ingreso de dineros ilícitos a su campaña

Este jueves, Nicolás Petro involucró al presidente Gustavo Petro en su escándalo al asegurar que dineros ilícitos no declarados entraron en la campaña presidencial del 2022.

La declaración causó gran revuelo político y el mandatario se pronunció desmintiendo tal acusación, confiado en que no habría cómo sustentarla y hablando de supuestas presiones a su hijo para que lo involucrara.

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Sin embargo, Caracol aseguró que el también diputado del Atlántico “salpicaría a un número indeterminado de personas, incluido el propio presidente de la República”.

Más exactamente, prosigue el noticiero, se dice que Nicolás Petro tendría “cómo probar que el mandatario tenía conocimiento del ingreso de esos recursos no reportados a la campaña”.

“Se mostró dispuesto a entregar pruebas para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a la presunta entrada de recursos ilícitos a la campaña presidencial de su padre”, enfatiza el mismo medio.

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La información, que le significaría beneficios procesales, incluiría pruebas de “la relación de su padre con el poderoso empresario de la costa Caribe Euclides Torres”, a quien mencionó como “quien coordinó la entrega de recursos para la campaña y que, además, fue uno de sus principales aportantes, sin que esos ingresos fueran reportados por la campaña al Consejo Nacional Electoral“, señala el informativo.

Al cierre de la jornada del jueves, el fiscal encargado del caso habría hecho énfasis en el compromiso que Petro Burgos adquirió sobre contar la verdad al respecto, por lo que evitó pedir medida de aseguramiento carcelaria para él. Esa posibilidad se definirá al reanudar la sesión la mañana de este viernes.

Sin embargo, desde ya se sabe que esa posible financiación ilegal todavía no tendrá efecto inmediato, sino que se procederá a evaluar las pruebas que se aporten sobre ese particular para determinar si se abre una línea investigativa alterna al respecto. De proceder en ese sentido, en unos 15 días podría derivarse a la comisión de acusación del Congreso, órgano encargado de investigar a los presidentes.