"Dejar morir de hambre": las atroces prácticas que hacían exmilitares con falsos positivos

El asesinato de campesinos, jóvenes, simpatizantes de la izquierda e inocentes a manos de la Fuerza Pública marcó con sangre y horror el inicio del nuevo siglo. Los soldados, por órdenes de sus superiores durante el gobierno de Álvaro Uribe, asesinaban a hombres y mujeres y los presentaban como guerrilleros muertos en combate para aumentar las cifras en el marco del conflicto armado. Esta atroz práctica fue bautizada como “falsos positivos” y, hasta hoy, el país sigue conociendo detalles del horror.

En una reciente decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que 12 militares del Batallón La Popa de Valledupar serán imputados por los delitos de tortura y persecución, que se suman a los cargos de asesinato y desaparición forzada.

(Vea también: ‘Iván Márquez’, como ‘Tirofijo’, va sumando varias muertes, hoy a la sombra de Venezuela)

Según esta jurisdicción especial, los antiguos miembros de la Fuerza Pública infligieron dolor y sufrimiento a sus víctimas, sometiéndolas a múltiples torturas. Se trataba de personas que los grupos paramilitares les entregaban y que, finalmente, eran asesinadas, torturadas o desaparecidas.

La JEP explicó que, para imputar el delito de tortura, se comprobó que los exmilitares causaban intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, a sus víctimas.

(Vea también: Con amenazas, disidencias prohibieron a comerciantes vender comida a militares en Cauca)

Asimismo, serán imputados por el delito de persecución, dado que algunos de los asesinatos, reconocidos por los comparecientes, se cometieron con motivaciones étnicas, es decir, por la pertenencia de las víctimas a los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa.

“Este crimen se enmarca en un contexto donde ciertos comparecientes ejercieron medidas de control social, como restricciones alimentarias, limitaciones arbitrarias de horarios y restricciones de tránsito y circulación para la población”, explicó la JEP.

(Vea también: Gobierno Petro copia a Duque en la estrategia contra ‘Iván Mordisco’ y aumenta recompensa)

El organismo reconoció que los asesinatos ocurrieron en el marco de una relación de connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares que operaban en la zona.

Dicha relación transcurría en tres modalidades: las víctimas eran entregadas vivas o muertas por los paramilitares a los miembros de la Fuerza Pública; las víctimas eran asesinadas por integrantes del Batallón La Popa luego de ser señaladas, en algunos casos, de pertenecer o auxiliar a la subversión; y las víctimas provenientes de pueblos indígenas eran estigmatizadas y señaladas como integrantes de grupos armados.

(Lea también: Así estarían reclutando a menores las disidencias en TikTok; se gastarían un billete largo)

En este caso también quedó demostrada una práctica generalizada en todo el país para cometer falsos positivos: atraer a las víctimas desde otras regiones del país con falsas promesas de trabajo o negocios para luego asesinarlas. La mayoría eran personas en condiciones de vulnerabilidad o discapacidad.