La JEP cambió manual para contratar, en funciones judiciales, a agrónomos, actores…

La modificación, que encontró La FM, amplía el espectro de competencias de quienes aspiran a ingresar a trabajar con los magistrados de esa jurisdicción.

Esos magistrados tienen la posibilidad de contar con los servicios de unos funcionarios, catalogados como profesionales grado 33, uno de los rangos más altos en el desempeño de funciones judiciales, para quienes está asignado un salario de unos nueve millones de pesos, estableció esa frecuencia radial.

Hasta ahora, de acuerdo con el Acuerdo 006, emitido por el órgano de gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en febrero de 2018, esos profesionales debían tener carreras afines al derecho, las ciencias sociales, economía, ciencias administrativas o ingenierías.

Además, de acuerdo con la normatividad interna de la JEP, para ocupar estos cargos, esa jurisdicción estableció que ellos deben tener conocimientos básicos en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho internacional, derechos humanos, justicia transicional, estructura del Estado, y deben saber cómo se elabora una providencia judicial, conocer las funciones de la JEP, análisis y comparación de pruebas y evidencias, entre otros.

Pero La FM halló que esa norma fue cambiada por el Acuerdo 037 del 11 de septiembre del 2018, en el que se modificaron los requisitos de estudios para algunos profesionales de ese grado 33 que trabajan en los grupos de análisis e información en el Tribunal para la Paz y en las diferentes salas de la JEP.

Eso permitió que personas con carreras como agronomía, bellas artes, arquitectura, urbanismo, entre otras, puedan ser contratadas para trabajar con los magistrados.

Fuentes informaron a la emisora que las nuevas condiciones se aplicarán para 76 funcionarios de grado 33 en la JEP, así: 40 empleados del grupo de Análisis e Información del Tribunal de Paz, y otros 36 empleados del grupo de Análisis e Información de las salas de la JEP.

Esto se conoce después de que a misma frecuencia estableciera que en el decreto de liquidación presupuestal el Ministerio de Hacienda incluyó, al parecer, por error, una adición para la JEP de 43.000 millones de pesos para la contratación de supernumerarios (trabajadores por fuera de la nómina).