Economía
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Hacen parte de algunos de los proyectos más importantes del gobierno saliente y cuyos montos son cuestionados por varios sectores.
Así lo hace evidente Caracol Radio, que publica dos de esos contratos que se firmarán previo al 7 de agosto, cuando asume el poder el presidente electo Gustavo Petro.
El primero de esos contratos tiene que ver con uno de los trabajos que promueve la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que hacen parte los proyectos 5G, puntualmente de la alianza público privada del Canal del Dique.
Según esa emisora, ese contrato está fijado en 3,9 billones de pesos y la única empresa que se presentó es Sacyr, que actualmente opera varios de los proyectos de infraestructura más costos del país.
(Vea también: ‘Varillazos’ contra Petro por ruda advertencia a Ecopetrol; lo comparan con Chávez)
Quienes hacen pública la alerta son los encargados del empalme con el gobierno entrante de Gustavo Petro. De acuerdo con Caracol Radio, en lo que a este primer contrato refiere, el gobierno de Iván Duque argumenta que no se aplazó el proceso porque se lanzaría un “mensaje negativo al mercado” porque el proyecto ya tiene un alcance en el tema ambiental.
El otro contrato que menciona esa emisora tiene que ver con el polémico Ministerio TIC, que adjudicaría un millonario proyecto de conectividad de San Andrés en los próximos días, según denunció el equipo de empalme de Petro.
Además de estos contratos, Iván Duque firmó hace poco varios decretos para otorgarles beneficios “vitalicios” a algunos de los funcionarios de su gobierno. Estas medidas son en materia se seguridad para que tengan conductores, camionetas blindadas y escoltas para siempre.
“Se les incluyó en el Consejo Nacional de Seguridad a la jefe de gabinete, al director del Dapre, y al mininterior para poderlos cobijar con la regulación que de manera formal les entrega esquemas de seguridad vitalicios a cargo de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Eso es simplemente una formalidad, ya que el cambio importante es que a esos funcionarios se les brindaba protección, antes de esos decretos, únicamente por un año adicional después de salir de la administración de poder. Ahora es de manera indefinida y con chequeos cada cuatro años”, denunció el columnista Johir Akerman recientemente.
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