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La Procuraduría dijo que abrió una investigación disciplinaria contra los 3 funcionarios por los hechos que ocurrieron durante el amotinamiento del 21 de marzo.
Los vinculados a esta investigación son el director de la cárcel La Modelo, Carlos Augusto Hincapié Franco, el director encargado mayor Jorge Gama Doza, y la comandante de Custodia y Vigilancia, teniente Elizabeth Vergara Vergara.
Lo que trata de establecer el organismo de control, según explicó en un comunicado, es si los tres funcionarios tuvieron alguna “responsabilidad disciplinaria durante los enfrentamientos” que se presentaron esa noche entre miembros de la guardia del Inpec y las personas privadas de la libertad, que protestaban por la medidas que adoptó el Gobierno Nacional en medio de la crisis que apenas empezaba por la llegada de la COVID-19 al país.
La Procuraduría General también busca aclarar cuál fue la orden que se dio “para el uso de las armas de fuego”, y si en ese momento la cárcel La Modelo contaba con el suficiente personal para garantizar la custodia de los reclusos.
En cuanto al uso de las armas, el organismo recoge el informe que presentó el encargado de la sala de armamento, el 28 de marzo, en donde se asegura que “dada la urgencia” de dotar al personal para que apoyara la situación que se estaba presentando en el penal, “el armamento no fue relacionado al momento de su entrega o de su devolución”.
Este procedimiento, según el informe, “sólo se empezó a relacionar cuando llevaban a los centros hospitalarios a los heridos”, procedimiento que “hace imposible establecer la responsabilidad individual de los autores frente a las muertes ocasionadas”.
Para la noche en que se presentó el amotinamiento, el organismo dijo que en el reporte quedó consignado que había 107 guardias y 57 auxiliares disponibles, y por eso investigará cuáles fueron las órdenes que dieron los directores y la oficial al mando de los custodios.
Dentro de las pesquisas que ordenó la Procuraduría están la de hacer visitas a Medicina Legal y a la Fiscalía 60 de Derechos Humanos, para recolectar pruebas sobre “las conductas presuntamente irregulares”, así como escuchar las declaraciones de los guardias implicados.
La decisión que hoy anuncia la Procuraduría se da dos semanas después del informe que presentó la ONG Human Rights Watch (HRW), en donde concluye que los 24 internos que murieron en la noche del 21 y la madrugada del 22 de marzo presentaban heridas de bala “infligidas con intención de matar”.
En la revuelta en La Modelo también resultaron heridas unas 90 personas, de las cuales 55 eran reclusos que fueron llevados a hospitales, mientras que 28 más recibieron atención en el área de sanidad. Los restantes, según la Procuraduría, eran 2 auxiliares de custodia y 5 funcionarios de la guardia lesionados.
Este fue el anuncio que hizo la Procuraduría en sus redes sociales.
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