Inseguridad en Medellín, disparada: es la segunda capital con mas hurtos al día

El hurto a personas ha registrado un aumento preocupante y progresivo en los últimos años, según denunció la Personería de Medellín. De 11.655 casos que se registraron en los primeros siete meses de 2021, se pasó a 15.187 en el mismo periodo de 2022 y en los siete meses que han transcurrido de este año ya van 16.599, entre los que están los policías capturados por robar buses y venderlos por partes.

Estas cifras, que representan un incremento del 9 % en 2023 con respecto al año pasado, fueron suministradas en el marco del encuentro de los jefes del Ministerio Público asociados en Persocapitales que se realiza en esta ciudad.

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En ese escenario, el personero Distrital, William Yeffer Vivas, dijo con base en consultas al Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) que solo en julio las denuncias por hurto han llegado a los 1.291 en Medellín.

Por comunas, las más afectadas han sido la Candelaria (3.810 casos), El Poblado (2.135), Laureles (1.769) y Belén (1.033), y si se consideran las modalidades, el atraco es el más frecuente, con 7.232 denuncias, le siguen el descuido (4.077) y el cosquilleo (2.611). Incluso, hubo un caso en el que unas personas fueron atracadas y retenidas en Envigado.

Sin embargo, el incremento de estos fenómenos de inseguridad no se da de manera particular en la capital antioqueña, porque de hecho las violaciones al derecho a la propiedad han sido analizadas como un fenómeno que aqueja a las principales capitales del país.

De acuerdo con el personero de Bogotá y presidente de Persocapitales, Julián Enrique Pinilla, el 80 % de los hurtos de todo el territorio nacional suceden en las cinco principales urbes –Bogotá (estas son las 5 localidades más inseguras), Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga- al igual que el 40 % de los homicidios. En hurtos, Bogotá ocupa el primer lugar, con 125 denuncias al día; seguida por Medellín con 85, Cali con 70, Barranquilla con 38 y Bucaramanga con 25.

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Adicionalmente, preocupa de manera especial el incremento en la extorsión. “En algunas ciudades hablamos de más del 150 %, es un tema absolutamente preocupante para nosotros”. Ya por ciudades, se tiene que en Medellín las extorsiones han crecido en un 130 %, pero el caso más alarmante es el de Barranquilla, con más de un 400 % de aumento en los casos, por ejemplo, saliendo del municipio deben pagar para que no les dañen el carro. Es más grave aún si se tiene en cuenta que por más que aumentan las personas que acuden a las autoridades a denunciar, siempre suele existir un subregistro.

“La seguridad es un derecho humano que es puerta de entrada a otros derechos fundamentales como el derecho a disfrutar de una ciudad y en este escenario estamos cortos. Es un tema muy importante, sobre todo en este año electoral donde esta tiene que ser una prioridad para generar escenarios donde todos los habitantes podamos estar en tranquilidad y votar en forma objetiva y tranquila”, afirmó Pinilla.

El funcionario aclaró, sin embargo, que las medidas para contrarrestar la inseguridad no pueden ser solo de incremento de Fuerza Pública, sino de aumentar el uso de tecnología, generar entornos seguros y la evaluación constante de las políticas públicas porque la criminalidad es un fenómeno cambiante.

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Otro flagelo que deja visos de crisis humanitaria es el aumento del desplazamiento intraurbano. Al respecto, el personero Vivas indicó que solo en julio, en Medellín hubo más de 150 personas que sufrieron por esta infracción al DIH y el acumulado de los siete meses que han transcurrido es de 329 declaraciones con 823 víctimas expulsadas de sus territorios. En el mismo lapso de 2022 fueron 753 las personas afectadas. Las comunas con más casos han sido la 13-San Javier, 7–Robledo, 8-Villa Hermosa, 1-Popular y 3-Manrique.

“Las principales causas están relacionadas con la extorsión y el control hegemónico que realizan bandas criminales”, añadió Vivas al señalar que hay además una especie de “justicia criminal” consistente en que los grupos delincuenciales se arrogan la facultad de resolver conflictos comunitarios que se dan por deudas, arriendos no pagados, violencia intrafamiliar o riñas y por miedo a las “sanciones” la gente prefiere irse antes.