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El presidente confirmó también el estado de emergencia económica, además de que le pide al poder judicial su apoyo para poder sacar adelante la situación.
En la tarde de este lunes, 20 de enero, el Eln publicó un mensaje en el que les decía a los integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc que se entreguen para que pare la guerra en el Catatumbo, esa que ya lleva más de 80 personas muertas y una crisis humanitaria por el desplazamiento de cientos de personas.
(Ver también: Petro aterrizó en Tibú para liderar consejo de seguridad por oleada de violencia)
Esta situación cada vez se complica más y por eso, por medio de sus redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se viene un decreto de urgencia para terminar la violencia en ese sector del país.
De hecho, en su comunicado aseguró que estos grupos armados perdieron su objetivo y por eso las formas que están manejando no son correctas, por lo que se tomó esta decisión para acabar de una vez con esta problemática.
Esta es una medida establecida en el artículo 213 de la Constitución del 91, que lo que permite es que el presidente pueda adoptar medidas extraordinarias destinadas a recuperar el orden público cuando se presente una situación que atente contra la seguridad nacional.
Esta medida saldrá por un decreto de urgencia y tendrá una vigencia de 90 días, pero el presidente podrá renovarlo si en ese periodo de tiempo las condiciones no mejoran.
Ahora, durante este periodo de conmoción interior, el Gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley, pero siempre respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
(Ver también: Gobernadora del Meta lamenta, pero respalda, suspensión de diálogos con el Eln)
El lado de la emergencia económica no es muy diferente, pues según la Constitución Política esta dura solamente 30 días, pero también con capacidad de ampliarse hasta en dos periodos más si llega a ser necesario.
Ahora, igual que lo anterior, también le permite al jefe de estado dictar decretos con fuerza de ley que estén destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos y se declara cuando hay una situación que ponga en riesgo el orden económico y social de una región o todo el país.
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