Petro se aparta aún más de régimen de Nicaragua por despojo de nacionalidad a disidentes

Nación
Tiempo de lectura: 4 min
Escrito por:  Redacción Nación
Actualizado: 2023-02-24 08:42:01

El Gobierno de Colombia se convirtió en el segundo de izquierdista en Latinoamérica en condenar abiertamente las arbitrarias medidas de Daniel Ortega.

El gobierno de Colombia expresó este viernes su “preocupación” por el despojo de la nacionalidad de 94 opositores nicaragüenses en el exilio, y se convirtió en el segundo gobierno izquierdista de Latinoamérica en condenar abiertamente las medidas de la cabeza del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega.

La Cancillería colombiana manifestó a través de un comunicado, su “preocupación por la decisión de retirar […] la nacionalidad” a los disidentes, tildados en su país de “traidores a la patria”.

“El Gobierno de Colombia hace un llamado a generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”, agrega el texto.

Colombia y Nicaragua traen una trayectoria de desencuentro desde que el régimen del país centroamericano arreció su lucha para hacerse con una porción del mar territorial colombiano. El presidente Petro no dudó en descalificar el hecho: “Nos están robando el mar”.

Del eje Cuba-Venezuela-Nicaragua, que representa la izquierda más recalcitrante en la región (frente a gobiernos moderados como el de Chile, Argentina y Colombia, entre otros), y que se caracteriza por estar sustentado en regímenes que restringen severamente la democracia, el Gobierno de Colombia viene marcando distancia más con Nicaragua que con Cuba y Venezuela.

Nicaragua inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos y retiró la nacionalidad a 94 políticos, escritores, empresarios y periodistas. Entre ellos, está el célebre autor y exvicepresidente Sergio Ramírez, quien vive en España.

El mandatario izquierdista colombiano, Gustavo Petro, se suma así a las críticas de su par chileno, Gabriel Boric, hacia el régimen sandinista. La canciller de Chile, Antonia Urrejola, señaló el jueves que “cada día más” Nicaragua se convierte “en una dictadura totalitaria, donde se persigue cualquier tipo de disidencia”.

Estados Unidos, la ONU y diferentes oenegés han denunciado las medidas de Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.

España ofrece naturalizar a otros 94 nicaragüenses

El gobierno de España se ofreció este viernes a naturalizar a 94 nicaragüenses declarados “traidores a la patria”, una semana después de hacer la misma propuesta a 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos y despojados de su ciudadanía por el régimen sandinista.

“El Gobierno de España ha extendido a los últimos 94 ciudadanos nicaragüenses a los que les ha sido retirada su nacionalidad, la oferta de nacionalidad española”, informó en un comunicado el ministerio español de Asuntos Exteriores.

El documento indica que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le comunicó esa decisión al escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, una figura importante de la oposición al presidente Daniel Ortega. Ramírez, que está en la lista de 94 nicaragüenses privados de su nacionalidad, vive refugiado en Madrid desde 2021 y tiene la doble nacionalidad española y nicaragüense.

En la lista también están la escritora Gioconda Belli, el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.

El ministerio español indicó además que está determinado a otorgar la nacionalidad española “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apatridia por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega”.

La Agencia de la ONU para los Refugiados en un comunicado (ACNUR) criticó el viernes las medidas de Nicaragua para despojar de su nacionalidad a los disidentes.

“Las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos”, afirmó.

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