Alerta por paridad de género: ¿Está fallando el Gobierno Petro en la representación de mujeres en el poder?

Una reciente alerta emitida por la Defensoría del Pueblo ha puesto en el centro del debate público a la administración del presidente Gustavo Petro por el incumplimiento de la cláusula de paridad de género en el gabinete ministerial. De acuerdo con la misiva firmada por la Defensora Delegada para los Derechos de las Mujeres, Iris Marín, la ley 2424 de 2024 exige que al menos el 50 % de los ministerios estén liderados por mujeres. Con los 19 ministerios actuales, esto significa que mínimo 10 ministerios deberían estar bajo dirección femenina. No obstante, el gabinete solo cuenta con nueve ministras, una de ellas en condición de encargo, situación que cuestiona el verdadero respaldo del Gobierno a esta política de igualdad.

La Defensoría del Pueblo subraya que la paridad de género trasciende el cumplimiento de cifras. Considera que esta es una medida de justicia redistributiva y un reconocimiento a las mujeres, para reparar la persistente exclusión que han enfrentado en el acceso a los cargos políticos, históricamente acaparados por hombres cisgénero con privilegios económicos y raciales. La marginalidad de las mujeres en estas esferas, advierte la entidad, encuentra sus causas en factores estructurales profundos que frenan el desarrollo de una democracia realmente inclusiva y representativa.

Diversos expertos en estudios feministas y derechos humanos, citados por fuentes como el Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, apoyan la utilidad de las cuotas de género, pero alertan que su verdadera transformación requiere cambios culturales y estructurales para evitar que se reduzcan a un trámite formal. El informe de la Universidad de los Andes resalta el crecimiento del número de mujeres en cargos públicos en América Latina gracias a las cuotas, aunque advierte que aún se deben remover barreras como el machismo institucional y la falta de respaldo político para asegurar que su participación sea efectiva e influyente.

El debate se complejiza con casos como el de Juan Carlos Florián, designado en el Ministerio de la Igualdad y quien se reconoce con identidad de género fluido. La Defensoría saluda la visibilización de identidades no binarias, pero enfatiza que dicha inclusión nunca debe perjudicar la representación de mujeres cisgénero en los espacios de poder, en especial en un contexto donde ellas continúan experimentando subordinación.

Sociológas como Adriana Salazar insisten, con base en entrevistas recogidas para el artículo, que ampliar derechos a las diversidades no debe traducirse en competencia, sino en una apuesta complementaria, reconociendo la interseccionalidad, es decir, las múltiples formas de discriminación que pueden experimentar las mujeres diversas y las personas de otras identidades de género. En ese sentido, el desafío institucional va mucho más allá de alcanzar un mínimo numérico.

Organismos internacionales como ONU Mujeres, en su informe de 2024 sobre paridad en América Latina, coinciden en que la transformación de fondo requiere cambiar las estructuras políticas y culturales tradicionales. Destacan los avances normativos de Colombia, pero advierten sobre la resistencia en carteras históricamente dominadas por hombres, como Defensa y Hacienda, donde la representación femenina sigue siendo reducida.

Al analizar la alerta en clave de derechos humanos y democracia, el informe de DANE sobre participación política femenina revela que solo el 28 % de los cargos públicos nacionales corresponden a mujeres. Este indicador confirma que el problema de fondo no se limita al gabinete ministerial, sino que es estructural y demanda vigilancia constante junto con políticas integrales para cerrar la brecha de género en todos los niveles del Estado.

En definitiva, el caso colombiano hoy plantea la urgencia de avanzar de la paridad legal a la transformación real de las dinámicas políticas y sociales que obstaculizan el acceso pleno de las mujeres al poder. Más allá del cumplimiento normativo, se trata de construir una democracia donde la inclusión y la representación vayan de la mano con la justicia y el reconocimiento efectivo para todas las diversidades.

¿Cómo se mide el cumplimiento de las cuotas de género en cargos públicos?
El cumplimiento de las cuotas de género, de acuerdo con las leyes nacionales como la ley 2424 de 2024 en Colombia, se evalúa mediante la verificación del número de mujeres que ocupan cargos de alto nivel, en comparación con la cantidad total de posiciones existentes. Instituciones como el DANE y organizaciones de observación política registran estos datos en informes periódicos, permitiendo establecer si los porcentajes exigidos por la norma están siendo alcanzados o si persisten incumplimientos que requieren acciones correctivas.

Esta medición es crucial para garantizar transparencia y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas, asegurando no solo la presencia formal de mujeres en estos espacios, sino también su capacidad efectiva para incidir en las decisiones políticas y administrativas que configuran la vida pública del país.

¿Qué significa interseccionalidad en el contexto de la paridad de género?
El concepto de interseccionalidad hace referencia al reconocimiento de que las personas pueden enfrentar diferentes formas simultáneas de discriminación o privilegio, como el género, raza, clase social o identidad de género. En el contexto de la paridad de género, implica que, al buscar mayor inclusión, se tome en cuenta la diversidad de experiencias y obstáculos que enfrentan mujeres de diferentes orígenes y condiciones, así como personas con identidades de género diversas.

Este enfoque es relevante porque ayuda a que las políticas de paridad no sean homogéneas o excluyentes, sino que respondan a las necesidades específicas de las mujeres y grupos históricamente marginados, favoreciendo una democracia sustantiva más justa y representativa para todos los sectores sociales del país.